Justicia recurre a un nuevo ‘decretazo’ para desactivar las protestas de los abogados de oficio

Los abogados del turno de oficio están hartos de los impagos. Quieren cobrar los servicios prestados y ni el anuncio del ministro Juan Carlos Campo sobre la reforma legal que prepara su Ministerio «para garantizar los pagos en debido plazo por todos los servicios de asistencia jurídica gratuita» ha aplacado sus ánimos. Justicia recurrirá a un nuevo ‘decretazo’ del Gobierno para aprobar una partida que resuelva los atrasos de noviembre y diciembre, en un intento de desactivar la protesta convocada por asociaciones de letrados de toda España frente al Congreso de los Diputados el viernes día 28.

El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará un decreto ley que permitirá abonar a los letrados de oficio sus honorarios, de acuerdo con el «mecanismo previsto» para este tipo de subvenciones, confirman fuentes del Ministerio de Justicia a OKDIARIO. Cuestión distinta será la de los servicios generados por los abogados que han trabajado en base a la asistencia jurídica gratuita por mandato judicial. En este caso, los pagos de las cuantías ya generadas, quedan supeditados a la futura y eventual aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Una de las polémicas heredadas por Campo de su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, era la decisión de cancelar el pago de los honorarios a los abogados del turno de oficio que hubiesen prestado servicio a particulares, o empresas, por orden judicial y aunque estos no tuviesen reconocido administrativamente el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Un coste que el Ministerio de Justicia había venido asumiendo durante los últimos 40 años y que Hacienda se plantea investigar.

Pese a que Campo ha tratado de calmar los ánimos de los letrados anunciando una reforma legal, los profesionales no se fían y mantienen las concentraciones previstas en toda España. «La reforma pretende deslindar lo que corresponde a la Justicia gratuita, a la que tienen derecho los ciudadanos sin recursos, y lo relativo al servicio que prestan los abogados del turno de oficio», apuntan a OKDIARIO desde la Asociación de letrados por un turno de oficio digno, Altodo.

El titular de Justicia compromete el pago de los atrasos a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado «que todavía no se sabe si saldrán adelante», lamentan los abogados. Sobre la modificación legal  anunciada por Campo son todavía más pesimistas: «Cualquier reforma de este tipo exige una serie de acuerdos y trámites parlamentarios que pueden prolongarse durante meses, y mientras tanto ¿qué? ¿desobedecemos las peticiones de los jueces? ¿o trabajamos gratis?».

Y advierten de que «la concentración togada» del próximo viernes 28 es la primera de una batería de medidas para exigir que el Ministerio modifique «su nuevo y cicatero criterio de no abonar el servicio» a los letrados que prestan asistencia jurídica gratuita por mandato judicial, incluso si «posteriormente hay archivo o denegación» administrativa del derecho a sus clientes. La interrupción generalizada del servicio en toda España o incluso una huelga, sobre la mesa.

Sin apoyo colegial

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) anunció, en un principio, su intención de llevar ante los tribunales la resolución por la que la ex titular de Justicia, Dolores Delgado, acordaba no atender los costes de la Justicia gratuita prestados por los abogados de oficio previo mandato judicial.

El ICAM mostraba entonces su más absoluto rechazo con la decisión adoptada por el Ministerio de Justicia, al indicar que únicamente asumiría, como ya está sucediendo, «el pago de aquellas actuaciones letradas que se hayan realizado bajo el amparo del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita» y declaraba la guerra a Delgado.

Sin embargo, ahora los letrados se sienten abandonados por los colegios profesionales de toda España y critican con dureza la inacción del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en la defensa de sus intereses. «Se han desentendido de nuestra causa cuando deberían protegerla», afirman. «Lo último es que en su reunión plenaria de este viernes hayan votado en contra de sumarse, institucionalmente, a nuestra concentración del próximo día 28 frente al Congreso de los Diputados», añaden.

«Comprobando que, hasta el momento, no se ha producido tal respaldo por parte de la Institución que dice representar a los abogados de toda España, aunque con sus actuaciones y, sobre todo, con sus omisiones parece estar cada vez más lejos de ellos, no podemos sino expresar nuestra profunda sorpresa, al tiempo que exigimos al CGAE que respalde con hechos concretos (…) y sin divagaciones si apoya, o si por el contrario no lo hace, la concentración togada del día 28 de febrero convocada ante el Congreso de los Diputados», exigía Altodo en un comunicado oficial.