Junts tumbará la reforma del Gobierno para controlar a los jueces y no le apoyará ninguna ley más

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 20/06/2025 06:55
  • Actualizado: 20/06/2025 06:55

Junts ya avisó hace tiempo a Pedro Sánchez que su apoyo en el Congreso para sostener la iniciativa legislativa del Gobierno no estaba asegurado. Y así será, por ejemplo, con las polémicas reformas que impulsa el ministro Félix Bolaños para controlar a los jueces. La formación de Carles Puigdemont rechazará la tramitación parlamentaria de las dos propuestas del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera, referida a la modificación del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal; la segunda, la reforma del Estatuto de la Fiscalía para entregar la investigación de las causas por corrupción a la Fiscalía General del Estado, fulminando así el papel de los jueces. Pero no es un aviso más. El gesto va mucho más allá, pues el partido de Puigdemont se replantea sus relaciones con el PSOE y, por el momento, no le apoyará en ninguna otra ley, según ha podido saber este periódico.

«Agenda catalana»

Junts sí sumó sus votos la semana pasada para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox en contra del proyecto de ley para reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal. Pero el partido separatista no está dispuesto a ir más allá. Su rechazo a estas iniciativas, de especial importancia para el Ejecutivo, revela que los de Puigdemont no darán su apoyo automático a Pedro Sánchez y que el acuerdo de investidura no implica, como ya avisó en su día Puigdemont, un cheque en blanco. El rechazo a estas dos iniciativas será un duro golpe para el Gobierno socialista, que estos días sondea el ánimo de sus socios parlamentarios ante los sucesivos escándalos de corrupción.

Desde el partido catalán se muestran muy críticos con el presidente del Gobierno, cercado por los casos de corrupción en su entorno personal y político. De entrada, le instan a que cumpla los denominados Acuerdos de Bruselas, el pacto entre el PSOE y Junts que permitió la investidura de Pedro Sánchez. En esta desconfianza ha influido el reciente caso Cerdán, pero no sólo, pues las relaciones entre ambos partidos ya venían debilitadas desde hace tiempo.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, se reunieron el martes con Sánchez en La Moncloa, dentro de la ronda de contactos del socialista con sus socios parlamentarios tras las revelaciones del informe de la Guardia Civil sobre su número tres.

«Nos ha explicado que él tiene la voluntad de continuar, pero no nos ha concretado ni aclarado cómo y de qué forma y con qué medidas piensa rehacer todas las cuestiones que se han estropeado, no sólo con este escándalo, sino también con todos los déficits en el cumplimiento del Acuerdo de Bruselas», aseveró Turull.

En Junts exigen «garantías del cumplimiento» de estos acuerdos para comprobar «si tiene continuidad y vale la pena seguir». Y el ánimo es que, de momento, no se apoyará ninguna otra ley hasta que esto se aclare.

Igualmente, reclaman a Sánchez más reuniones para que concrete «cómo y de qué forma quiere continuar» para «tomar las decisiones adecuadas», en palabras también de Turull.

El cumplimiento de esos pactos pasa, según Junts, por llevar a cabo la «agenda catalana». Y avisan igualmente que tratarán de arrancar al socialista nuevas concesiones. Cabe recordar que el partido independentista ya apretó a Pedro Sánchez con una cuestión de confianza que, finalmente, quedó en un segundo plano. Ahora, además, Junts está a la espera de que el PSOE designe otro interlocutor para sus negociaciones, un papel que venía desempeñando Cerdán.

Entre tanto, el Gobierno intenta sacar adelante sus reformas del Poder Judicial, mostrándose indiferente al rechazo mayoritario de las asociaciones de jueces y fiscales.

Cinco de las siete asociaciones han convocado un paro en el Tribunal Supremo el próximo 28 de junio y una huelga histórica los días 1, 2 y 3 de julio «en caso de que las reformas no se retiren».