La juez Poyatos denunciada ante el CGPJ por su activismo ultrafeminista contra jueces y tribunales

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Gloria Poyatos, ha recibido una queja ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su discurso feminista radical.

La Asociación de Abuelas y Abuelos por la custodia compartida (ASACCO) ha denunciado a la juez, ante el máximo órgano de gestión y control de los profesionales de la Justicia, por entender que «lleva años difundiendo una campaña de desprestigio que está dirigida contra el poder judicial, en general y los altos tribunales, en especial», a través de diferentes medios de comunicación en los que se habría prodigado durante años «realizando afirmaciones injustas, vejatorias y denigrantes contra los magistrados del Tribunal Supremo, los del Constitucional y contra la práctica totalidad del conjunto de jueces y magistrados que desarrollan su actividad profesional con la escasez de medios» por todos conocida.

ASACCO ha recopilado una serie de artículos de prensa, entrevistas e intervenciones públicas de Poyatos en las que la magistrada «afirma que toda la Justicia está dominada por una suerte de predisposición cultural y que los jueces y magistrados están contaminados por el machismo (actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres, según el diccionario de la RAE), lo que les imposibilita para impartir justicia». Asegura, además, «que estos no pueden emitir sentencias justas porque están impregnados de ese machismo atávico del que no pueden escapar y ello los invalida como garantes de una justicia igualitaria», tal y como refleja el escrito registrado ante el CGPJ y al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La magistrada asegura que «la Justicia en España está contaminada de machismo» y que «las víctimas de violencia de género somos todas las mujeres»

Entiende la asociación que dichas afirmaciones someten al poder judicial y a los miembros que integran el mismo a una generalización injusta y que menoscaba la credibilidad «de todo un pilar básico del Estado de Derecho», negándole su más básica función y convirtiendo a todos los jueces y juezas «en cómplices de un constructo malvado y egoísta incapaz de ejecutar la igualdad jurídica». Objetivo para el cual entienden que recurre «a una serie de sentencias que, a su juicio, demuestran claramente ese machismo discriminador que infecta masivamente a los jueces, tanto hombres como mujeres», sostiene la entidad denunciante.

Motivo por el que la asociación solicita, en un documento de más de 12 páginas, que se investigue a la juez y se determine si dichos pronunciamientos son constitutivos de una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), donde se prevé que «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial».

Además, insta a la comisión disciplinaria a determinar si con sus reiteradas manifestaciones, la magistrada Poyatos comete, presuntamente, por estos hechos un delito de injurias, contemplado en el artículo 504 del Código Penal. «Incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma», contiene la norma citada.

Los datos del propio CGPJ

Según datos del propio CGPJ, en España se dictan una media de 7,5 millones de sentencias al año. Lo que arroja una cifra aproximada de 150 millones de sentencias, en los últimos 20 años, horquilla temporal en la que la magistrada ha situado la búsqueda de todas las resoluciones disponibles que soporten su mensaje.

Poyatos ha tenido que bucear hasta 1990 para encontrar, por ejemplo, una de las sentencias que utiliza para ejemplificar sus tesis, la famosa «sentencia de la minifalda», en la que un empresario fue condenado a una multa «de 40.000 pesetas» por un delito de abusos deshonestos contra una joven de 17 años, y su empleada, tras estimar que los tocamientos sobre la ropa de la mujer pudieron deberse a la «previa provocación, si acaso inocente» de la víctima «por su vestimenta».

Pues bien, «si tomamos las tres sentencias que suele aportar la magistrada en sus intervenciones y las comparamos con el total de sentencias dictadas, eso arroja un resultado aproximado de un 0,00000002 % de sentencias machistas en toda España», expone ASACCO. Un porcentaje insignificante sobre la comparativa del cómputo total de sentencias emitidas.

«Afirmar que la Justicia es machista, parcial y poco igualitaria porque el 0,00000002 % de las sentencias lo son representa una generalización descabellada y tremendamente injuriosa», asegura la entidad denunciante en su escrito a la comisión disciplinaria. «Sería lo mismo que decir que porque hay ocho jueces condenados por prevaricación, en los últimos 16 años, de los 5.637 jueces que hay en España -un 0,14 % del total- entonces la Justicia es prevaricadora en su conjunto, concluye.