La juez Lamela cierra la instrucción sobre Trapero para que sea juzgado

La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictado un auto por el que da por concluido el sumario por delitos de sedición y organización criminal en el que están procesados Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el exdirector de los Mossos, Pere Soler y el exsecretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, y lo eleva a la Sección Primera de la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento.

En la resolución, la magistrada señala que una vez “practicadas cuantas diligencias se han estimado necesarias para la comprobación del delito, participación que ha tenido el procesado y las circunstancias que en su comisión han concurrido y no hallándose indicada ninguna otra, es procedente concluir el presente sumario conforme determinan los artículos 622 y 623 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 recuerda en el auto que se encuentran pendientes de resolución en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal los recursos presentados por Trapero, Laplana, Soler y Puig contra el auto de procesamiento.

En abril, la magistrada procesaba a Josep Lluís Trapero, por organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por la jornada del 1 de octubre.

La magistrada también procesaba por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al exdirector de los Mossos, Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig y a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

La magistrada detallaba entonces todos los indicios incriminatorios recabados durante la investigación que le permite concluir que los procesados pertenecen  y han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea  organización  unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República Independiente, al margen de las vías legales “alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario”.

En el marco de una estrategia premeditada y perfectamente coordinada, Lamela describía el reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles, para llevar a cabo la secesión. Con arreglo a ese plan común, Lamela se centra en la utilización ilegal de los Mossos, en especial en los actos acaecidos el 20 y 21 de septiembre de 2017 junto a la Consejería de Economía de Barcelona y el 1 de octubre durante la celebración del referéndum.

Los Mossos, según la magistrada, se mantuvieron al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil, con una conducta dirigida  “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquín Forn, Pere Soler y César Puig.