La juez del 1-O en Cataluña ordena nuevos registros en la Generalitat

Se estrecha el cerco judicial al 1-O en Cataluña. La juez Alejandra Gil, que investiga los preparativos del referéndum separatista ilegal, ha remitido un auto a la Guardia Civil para que registre varias Consejerías de la Generalitat en busca de documentos sobre la trama del ‘procés’ y acreditativos de la logística empleada, pagos incluidos, para la celebración de la consulta inconstitucional del 1 de octubre de 2017.

Según avanzan fuentes jurídicas a OKDIARIO la magistrada habría dado indicaciones a la Guardia Civil para que actuando en su calidad de policía judicial organice los dispositivos necesarios y se persone en las distintas Consejerías, en los próximos días. Además, recomienda tomar las prevenciones necesarias para que los registros se desarrollen de forma ágil y eficaz. Se trata de evitar la reedición de imágenes e incidentes como los sucedidos durante las concentraciones de asedio a los edificios públicos catalanes durante el 20-S.

La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona acuerda, a petición de la Fiscalía catalana, la práctica de estas nuevas diligencias de investigación orientadas a recabar nuevas pruebas y la citación como imputado del delegado de la Generalitat en Suiza, Manuel Manonelles, quien en el otoño de 2017 fue el enviado del Govern ante las organizaciones internacionales con sedes en Europa: París, Ginebra, Viena y Estrasburgo.

Manonelles podría haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia por presuntamente contratar -a través de importes transferidos desde cuentas de la Generalitat- los servicios del The Hague Center for Strategic Studies (HCSS) que, a su vez, se encargaba de proporcionar cobertura, traslado y alojamiento a los observadores internacionales del 1-O.

Por este mismo motivo la juez vuelve a citar como imputados para que presten declaración el próximo día 19 de julio a Aleix Villatoro, ex secretario general del Departamento de Exteriores -entonces dirigido por Raül Romeva-  a Marta Garsaball, directora de servicios de Exteriores y a la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal.

Treinta procesados

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona acordaba el pasado mes de marzo el procesamiento de 30 de las 45 personas que actualmente mantiene como investigadas por su relación con los actos necesarios para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

La juez Gil -que sustituyó al magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer al frente de la causa tras su fallecimiento en noviembre de 2018- sostiene que existieron un «plan común» y «una estrategia concertada» entre los acusados que desembocó en la celebración del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia. A todos ellos les adjudicó una responsabilidad civil de 5,8 millones de euros derivada de la malversación de fondos públicos empleados en la organización del referéndum ilegal.

Entre la treintena de procesados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona -como presuntos autores de varios delitos de desobediencia, falsedad de documentos públicos- revelación de secretos y prevaricación, se encuentran: Antonio Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia; Joaquim Nin Borreda, secretario general de la misma Consejería que Molons; Saul Gordillo, director de Cataluña Radio; o Vicent Sanchis, director de TV3.