Jueces y juezas para la democracia exige al Gobierno que ponga fin a la «parálisis judicial»

«No puede prolongarse la actual parálisis, el sistema judicial debe volver a ponerse en marcha», han exigido al Gobierno desde Jueces y Juezas para la democracia. En una carta remitida, este miércoles, al Ministerio de Justicia, los miembros de la asociación profesional han pedido al Gobierno que «informe en qué fase de la desescalada está prevista la reanudación del funcionamiento de los órganos judiciales, así como el alzamiento de los plazos procesarles y la reincorporación del personal judicial».

La emergencia sanitaria del coronavirus y la declaración del estado de alarma provocaron la suspensión de la actividad judicial en toda España. Ahora, la asociación progresista de jueces y magistrados denuncia que la situación «implica restricciones de derechos de los ciudadanos» y de ciertas actuaciones «que pueden mermar sus intereses personales y económicos», al impedir «una pronta respuesta judicial». Por ello, piden la inmediata vuelta a la normalidad de juzgados y tribunales.

Una vuelta a la normalidad que «exigirá llevar a cabo actos de comunicación y desplazamientos de ciudadanos y profesionales a las sedes judiciales así como la celebración de vistas públicas», añaden en el texto enviado al titular del Departamento, el ex magistrado Juan Carlos Campo.

Discrepancias

No es la primera ocasión en la que Jueces y Juezas para la democracia muestra públicamente su rechazo con las decisiones del Gobierno en materia de Justicia durante el estado de alarma. La asociación progresista de jueces ya manifiestó su «profundo rechazo» con las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias tras señalar a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que condenaron a la diputada podemita de la Asamblea, Isa Serra.

Serra fue sentenciada por el TSJM a 19 meses de prisión como culpable de varios delitos de atentado a la autoridad, lesiones y daños, tras insultar, empujar y lanzar diferentes objetos a los agentes de la Policía Municipal que custodiaban a los miembros de la comisión judicial en un desahucio en el barrio de Lavapiés, en 2014.

Iglesias aseguró que Serra había sido condenada por tratar de «frenar un desahucio» y lanzó duras críticas contra los miembros del tribunal. En aquella ocasión, desde Jueces y Juezas para la democracia puntualizaron: la diputada de la Asamblea de Madrid no fue condenada «por el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, y basta para ello la simple lectura de los hechos probados de la citada sentencia».