La izquierda pierde 1.500 sueldos públicos en las autonomías y se juega otros 2.000 en el Gobierno

• Roberto Pérez @Robertoperezbc
• Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
• • 04/06/2023 06:17
  • Actualizado: 04/06/2023 09:34

El escrutinio de las elecciones en la noche del pasado domingo supuso, en la práctica, la certeza de un fulminante despido para más de mil cargos públicos y afines de la izquierda que, hundida en las autonomías, se ha quedado sin 100 millones de euros en sueldos, en números redondos. Son los salarios y las cotizaciones sociales ligadas a la larga lista de cargos políticos, asesores y directivos de Gobiernos autonómicos en los que habían encontrado acomodo afiliados y afines del PSOE, Podemos y algún eventual socio de las izquierdas locales. En muchos casos, perfiles con escasa, irrelevante o incluso nula trayectoria profesional en el sector privado, o personas veteranas en encadenar cargos de confianza y que han hecho de la política su modo de vida legislatura tras legislatura.

Son, en total, del orden de 1.500 plazas de designación política que se les esfuman a la izquierda en los entramados autonómicos, mientras ven peligrar los 2.000 sueldos públicos que la izquierda del PSOE y de Podemos disfruta en La Moncloa, los ministerios y sus entes, y en las cúpulas de empresas públicas. Estos 2.000 se los juegan en las elecciones generales que Pedro Sánchez ha adelantado para el próximo 23 de julio.

Según las cifras oficiales recopiladas por OKDIARIO, los seis gobiernos autonómicos que ha perdido la izquierda –Aragón, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria– deja sin sueldo público a 949 cargos políticos y asesores de lo más variopinto, desde chóferes a asistentes de prensa, jefes de gabinete, coordinadores, asesores de imagen…

Larga lista de cargos a dedo

En concreto, se quedan fuera 487 cargos políticos: 39 que pierden sus escaños regionales y 448 que habían sido nombrados altos cargos a dedo, tales como consejeros, directores generales, secretarios generales técnicos o asimilados en la estructura administrativa de las presidencias y consejerías de esos seis gobiernos autonómicos.

Además, pierden su empleo 462 asesores, militantes y afines a los que se les procura sueldo como personal eventual nombrado a dedo por los políticos, que llegan y se van con el cargo que los nombra.

A esa lista se añaden unos 500 directivos de empresas públicas, fundaciones y organismos de lo más variado. Es lo que compone la llamada administración paralela, un entramado ovillo que se rige por normas más opacas y del que escasean los datos. En cualquier caso, el número de puestos directivos colocados a dedo por los políticos se cuenta por cientos entre esos seis gobiernos autonómicos que ha perdido la izquierda. Fuentes consultadas indican que podrían sumar entre 500 y 600 puestos.

Por tanto, incluyendo también los directivos de sociedades públicas, fundaciones, entes y demás organismos dependientes, el total de dirigentes, militantes y afines que se quedan sin sueldo público ronda los 1.500, en su mayor parte del PSOE y de Podemos, debido a la pérdida de los gobiernos regionales de Aragón, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Cantabria.

Contando exclusivamente los cargos políticos y asesores que se van a la calle, suponen 58 millones en sueldos públicos que la izquierda pierde cada año. Si se incluyen los directivos, la cifra ronda los 80 millones de euros, siempre en retribución bruta anual. Pero a eso hay que añadirle el coste de cotizaciones a la Seguridad Social, que benefician a esos colocados y que también se pagan con cargo al presupuesto público de cada autonomía. Entre salarios y cotizaciones sociales, el coste total ronda los 100 millones de euros.

En julio, otros 2.000 en juego

Lo ocurrido en esas seis autonomías es el inquietante aviso para otros 2.000 dirigentes, militantes y afines del PSOE y de Podemos que llevan años disfrutando de cargos y sueldos públicos en el Gobierno central y sus poblados aledaños de fundaciones, organismos autónomos, empresas públicas y entes varios.

Hace más de dos años, según indicaban los listados de empleo público certificados por la Intervención del Estado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya sumaba 1.073 plazas de personal eventual nombrado a dedo, los conocidos popularmente como asesores. Además, ya por entonces tenía a sueldo a 399 altos cargos repartidos por las nutridas estructuras ministeriales. Y a todos ellos se añaden medio millar de directivos de empresas públicas y entes cuyos nombramientos dependen de la decisión política del Gobierno de turno.

Los caídos en entidades locales

Mientras cunde la frustración entre los que ya se saben sin sueldo en los entramados autonómicos y los que temen perder los cargos que disfrutan al abrigo del Gobierno central, también se han quedado sin empleo cientos de cargos electos, altos cargos de libre designación política y asesores del PSOE, Podemos y marcas locales de izquierdas que estaban repartidos por ayuntamientos y diputaciones cuyos gobiernos han perdido.

El ejemplo del Ayuntamiento de Valencia es revelador. Según los datos oficiales recopilados por OKDIARIO, este ayuntamiento suma un total de 52 puestos directivos, cuyos sueldos brutos –sin contar Seguridad Social– suman 988.000 euros al año. A ellos se añaden los 3,56 millones que dejó reservados el gobierno de Joan Ribó para gastárselos este año en asesores. Y eso sin contar los puestos ocupados por quienes tienen la condición de altos cargos políticos.

Más ejemplos. Las diputaciones provinciales de Castellón y de Valencia, que ha perdido el PSOE, sumaban durante esta última legislatura 75 puestos de asesores, que costaban 2,16 millones en sueldos brutos anuales, a lo que hay que añadirle la Seguridad Social.

Otra de las corporaciones provinciales perdidas por los socialistas ha sido la Diputación de Ciudad Real. Allí tenían colocados como asesores a un total de 109 afines, con unos sueldos brutos que sumaban 3,4 millones de euros, también sin contar las cotizaciones a la Seguridad Social que corren a cargo de las arcas de la diputación.