Interior fracasa en su intento de condenar al funcionario que denunció falta de seguridad en las cárceles

Su nombre es Enrique Rodrigo. Se hizo popular entre 2019 y marzo de 2020, justo cuando el Covid se disparaba. Recorrió los platós de televisión como portavoz de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar, y lo hizo denunciado la falta de seguridad a la que se enfrentaban los funcionarios de prisiones en las cárceles españolas. Los y las, porque buena parte de las denuncias se centraron en los abusos sufridos por mujeres funcionarias, las mismas a las que el PSOE y Podemos dicen defender. Pero durante ese tiempo, Interior decidió que había llegado el momento de taparle la boca y pararle los mediáticos pies.

La censura llegó en forma de expediente con acusación de delito. Nada menos que de “revelación de secretos”. Ahora, la teniente fiscal de Madrid ha desestimado la denuncia interpuesta por el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Porque, según la fiscal, se trata, simple y llanamente, de libertad de expresión.

El documento que hoy reproduce OKDIARIO forma parte de la resolución del expediente de Prisiones, organismo dependiente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y, para colmo, es fácil comprobar como el propio texto señala que el “20 de febrero se recibe Decreto de la Fiscalía Provincial de Madrid”. Ese Decreto es el que anula la posibilidad de considerar delictivo nada de lo realizado por el sindicalista. Pero Enrique Rodrigo no ha tenido constancia de ello hasta ahora. Traducido: Interior ha estirado durante meses la resolución del expediente, cuando sabía desde febrero que debía cerrarlo y reconocer su fracaso. Y, por supuesto, dejar de atemorizar al funcionario de prisiones.

Rodrigo se convirtió en una pesadilla mediática para Interior. Participó activamente en numerosas ocasiones en distintos programas de televisión y radio reivindicando mejoras laborales para su colectivo y denunciando las penalidades de un trabajo intenso y arriesgado en el que demasiado frecuentemente suceden episodios violentos y agresiones de los internos sobre los trabajadores.

La aparición de un funcionario en el programa de La Sexta, ‘Equipo de Investigación’, el 27 de septiembre de 2019, rememorando el ataque de Bernardo Montoya -el presunto asesino de Laura Luelmo- sobre uno de los trabajadores de la prisión Puerto III, desencadenó en un nuevo expediente disciplinario contra Enrique Rodrigo por parte del Ministerio del Interior. Según el departamento dependiente de Interior, este portavoz podría haber sido la persona que aparecía de espaldas en ese programa desvelando lo que ellos mismos consideraban como secretos oficiales. Y, de ese modo, el departamento dirigido por Grande-Marlaska sugería en su denuncia ante la Fiscalía que Enrique Rodrigo podría estar incurriendo en un delito de revelación de secretos.

Sin embargo, la resolución de la fiscal, cuyo contenido íntegro no ha podido ser consultado aún por el afectado por la negativa expresa de Instituciones Penitenciarias a facilitarlo al denunciado, recoge un reproche sin paliativos a la actuación del Ministerio del Interior.

Interior ha estirado durante meses la resolución del expediente, cuando sabía desde febrero que debía cerrarlo y reconocer su fracaso

Entiende la fiscal que “dado el cúmulo de noticias sobre el tema y aún quien hablase en los programas fuera D. Enrique, ya no nos encontraríamos ante una revelación de secretos (…) por cuanto ya no habría secreto, el dato pasa a formar parte de la opinión pública».

Añade, además, la teniente fiscal de Madrid que “los hechos se amparan en el DERECHO CONSTITUCIONAL de la LIBERTAD DE EXPRESIÓN por lo que carecen de relevancia penal”, descartando el intento de Prisiones de tramitar penalmente el asunto y lograr, probablemente, la inhabilitación de Rodrigo.

“A la vista de la firmeza del decreto que exonera de responsabilidad al ex portavoz de TAMPM la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias ha optado por archivar definitivamente el expediente disciplinario instruido contra aquel”, señalan desde la asociación.

La resolución de la autoridad fiscal madrileña supone, a juicio de esta asociación (TAMPM) “una verdadera amonestación al Ministerio del Interior y confirma las denuncias de Tu Abandono Me Puede Matar que acusan a los responsables de Instituciones Penitenciarias de utilizar el procedimiento disciplinario como un instrumento legal con el que silenciar las legítimas reclamaciones de los funcionarios de prisiones. El reciente archivo por parte de la Fiscalía de Almería de una acusación similar sobre un funcionario miembro de la misma asociación y que presuntamente habría revelado detalles de la vida de Ana Julia Quezada -la asesina confesa del niño Gabriel e interna en el centro penitenciario de dicha provincia- certifica la utilización espuria de las leyes por parte del Ministerio del Interior con la finalidad de sofocar las legítimas demandas que realiza el colectivo de funcionarios de prisiones a través de sus representantes”.

Desde TAMPM lamentan, también, “la injustificable maniobra de ocultar durante siete meses la resolución de la teniente fiscal de Madrid con el indudable propósito de amedrentar a este trabajador y mantener silenciado al colectivo mediante iniciativas disciplinarias, administrativas y penales, que acabarán, como en los casos que acabamos de referir, en el archivo de las denuncias y exonerando de responsabilidad a los denunciados por el Ministerio de Grande-Marlaska”.

“La libertad de expresión, es un derecho que merece la protección de todos y el respeto escrupuloso por parte de todas las instituciones. Tratar de cercenarlo o limitarlo es propio de otros tiempos y/o de otros regímenes”, concluye la asociación.