Los inmigrantes con antecedentes policiales podrán ser regularizados incluso con el informe en contra de la Policía
Los sindicatos policiales denuncian que el decreto de regularización masiva resta valor al trabajo policial y genera inseguridad jurídica
"Se da el mensaje de que los informes policiales serán un mero trámite sin eficacia real"
Los inmigrantes en situación ilegal que tengan antecedentes penales, incluidos aquellos que están en prisión provisional a la espera de juicio, podrán regularizarse en España aunque la Policía Nacional emita un informe en contra.
La regularización masiva del Gobierno excluye a los inmigrantes en situación irregular con antecedentes penales registrados en los últimos cinco años. Respecto a aquellos que cuentan con antecedentes policiales como detenidos, investigados o en prisión provisional, el Gobierno insiste en que no serán regularizados si la Policía emite un informe contrario, si suponen «un peligro para el orden público, la seguridad pública o la salud».
Sin embargo, fuentes policiales denuncian que el BOE explica: «La existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización».
Así, el Gobierno se ha reservado la última palabra en el asunto, y aunque los expertos de la Policía Nacional desaconsejen la regularización de un inmigrante con antecedentes policiales, finalmente el único órgano competente para tramitar y resolver la regularización extraordinaria de extranjeros en España será la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
«Prioriza la política frente a la seguridad»
Consultado al respecto, el sindicato policial JUPOL muestra su «rotunda preocupación» ante el contenido del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, publicado en el BOE el pasado 15 de abril, por el que se modifica el Reglamento de Extranjería, especialmente respecto al párrafo: «la existencia de
antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización».
Según JUPOL, esto significa vaciar de contenido el trabajo policial en materia de extranjería y seguridad pública. «Se está trasladando el mensaje de que los informes policiales no son determinantes y serán un mero trámite sin eficacia real».
En definitiva, según fuentes policiales, «se está priorizando un enfoque político frente a criterios técnicos y de seguridad».
«Se malgastan los recursos del Estado»
Las mismas fuentes señalan que, con la regularización ya en marcha, todavía no se ha explicado a los policías qué unidades se ocuparán de elaborar los informes sobre los inmigrantes, ni los criterios para su redacción, ni ningún protocolo de actuación. «Nos encontramos ante una medida improvisada que genera incertidumbre operativa y jurídica», señalan.
Al final, esta decisión del Gobierno de no darle carácter vinculante a los informes policiales supone poner a los policías que los redacten en un brete jurídico, además de «malgastar los recursos del Estado en informes que no van a valer gran cosa», y debilitar la capacidad de prevenir los problemas de seguridad derivados de la regularización masiva, ya que «la decisión la toma la Administración sin tener en cuenta a los policías que están sobre el terreno».
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