Indignación policial contra Marlaska por no defender a los agentes procesados por las cargas del 1-O

Profunda indignación entre los principales sindicatos policiales (JUPOL, SUP y CEP) por la «cacería judicial» que están sufriendo los 45 agentes antidisturbios que irán a juicio por las cargas del 1 de octubre de 2017 en Barcelona, en las algunos funcionarios resultaron gravemente  heridos. Consideran que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les ha dejado abandonados a su suerte y no ha salido en su defensa, mientras su Gobierno ha indultado a todos los promotores del 1-O, ahora convertidos en socios parlamentarios clave del PSOE.

Este pasado miércoles se daba a conocer que el juez instructor daba por concluida la investigación y decidía procesar a esos agentes, archivando la causa para otros 20 policías. Y emplazaba a las acusaciones y a las defensas a pedir que el caso vaya a juicio o se le dé carpetazo.

Según el juez, durante el 1-O hubo actuaciones «desproporcionadas» e «innecesarias» por parte de los policías, como «puñetazos, patadas o golpes con porras» en diferentes colegios e institutos donde se colocaron urnas.

Ante estas acusaciones, JUPOL, el sindicato mayoritario, ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que defienda a los 45 agentes procesados por «hacer su trabajo» de impedir el referéndum siguiendo las órdenes dictadas por el mando policial.

«Defiéndales»

A través de un comunicado han exigido a Marlaska que «de una vez por todas» salga en defensa de los policías nacionales y que «deje de ponerse del lado de los sediciosos y los delincuentes», anunciando el sindicato que pondrá a disposición de estos agentes sus servicios jurídicos para que puedan «defenderse ante un nuevo ataque». Recuerdan que «muchos policías resultaron heridos, algunos incluso teniendo que ser jubilados del servicio».

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha manifestado su «indignación» y «estupefacción» ante la decisión de procesar a 45 de los policías que intervinieron frente a los altercados producidos durante el referéndum ilegal en Cataluña.

«Indultados»

SUP ha puesto de manifiesto que la mayor parte de los dirigentes políticos de aquellos hechos han sido indultados por el Gobierno y ahora «se persigue y procesa a un grupo de agentes que se desplazaron allí con la orden y el deber de preservar la estabilidad democrática». En su comunicado, han señalado que ofrecen también a los agentes sus servicios jurídicos ante un proceso que consideran «politizado».

También desde la Confederación Española de Policía (CEP) han apuntado directamente a la Generalitat catalana y al Ayuntamiento barcelonés, que en el inicio de la causa se personaron como acusaciones particulares.

La CEP ha denunciado «cinco años de cacería judicial contra 65 compañeros» que simplemente cometieron el «pecado» de «defender la Constitución, la legalidad y a todos los españoles durante el 1-O».

El sindicato ha asegurado en un comunicado que «no les extraña» que la Generalitat y el Ayuntamiento les señalasen, porque los policías llevan «años denunciando los planes independentistas, que pasan por eliminar» la presencia de la Policía en toda Cataluña.