Los independentistas animan a los funcionarios a participar en el 1-0: «Que el miedo no os frene»

• Gonzaga Durán @Gonzagads92
• Periodista. Redactor de política nacional en OKDIARIO.
• • 01/08/2017 17:52
  • Actualizado: 20/09/2017 19:13

Los independentistas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el sindicato Intersindical-CSC piden a los funcionarios que colaboren en el referéndum ilegal del próximo 1 de octubre. Estas entidades han distribuido dos vídeos donde aseguran que los delitos de prevaricación y desobediencia se pueden sortear.

En estos vídeos, los nacionalistas manifiestan que «el Gobierno español, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional pondrán todo tipo de obstáculos para que los colegios electorales no abran». Se permiten el lujo de acusar a estas instituciones asegurando que «amenazan a los trabajadores públicos con inhabilitaciones y condenas por desobediencia y prevaricación».

El Gobierno de Mariano Rajoy ya avisó de que los funcionarios públicos de Cataluña podrían incurrir en los delitos de prevaricación y de desobediencia en caso de que colaborasen en la consulta independentista del 1-O, algo que los nacionalistas niegan tajantemente. «¿Son superables estos obstáculos? Por supuesto que sí», recalcan.

«Para ser acusados ​​de prevaricación, los empleados públicos han de haber emitido una resolución arbitraria y saber que esta era injusta e injustificable por ninguna norma o ley», aseguran en el vídeo.

Las entidades calman a los funcionarios ante posibles repercusiones legales del Gobierno y les piden que actúen «de acuerdo con una norma dictada por el Parlamento de Cataluña, máximo órgano de representación de la soberanía de nuestro país».

En el segundo vídeo se centran en explicar por qué no les multará el Ejecutivo: «El delito de desobediencia consiste en negarse abiertamente y claramente a cumplir una norma dictada por una autoridad directamente superior en el ámbito de sus competencias», aseguran.

«La orden dada debe tener todas las formalidades legales y debe ser claramente e individualmente notificada al trabajador público obligado a cumplirla. Por tanto, no se tienen en cuenta las órdenes genéricas», alegan los independentistas para negar que existan repercusiones.

Asistencia a la ciudadanía

Las entidades instan a los trabajadores públicos a participar en la consulta ilegal con el siguiente mensaje: «Que el miedo y la desinformación no hagan de freno». Además, ofrecen asistencia a los ciudadanos que tengan dudas con respecto a este proceso aportando los datos de contacto de las dos entidades independentistas.

Los separatistas apelan al «derecho al voto de los catalanes» para desafiar al Gobierno en su intento de ruptura. «Para construir la nueva república catalana tendremos que ir a votar», insisten.

«Para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto y para que todos los preparativos estén a punto y se abran todos los colegios electorales, tendremos que hacer llegar urnas y papeletas a todos los municipios del país», esgrimen en alusión a los ciudadanos y funcionarios.

Sanciones para los que no colaboren

No obstante, las únicas amenazas públicas que se han proferido contra los trabajadores públicos de Cataluña han llegado desde la propia Generalitat. El diputado de JxSí, Lluís Llach, declaró durante un encuentro organizado por entidades independentistas que «el que no la cumpla será sancionado. Deberán pensárselo muy bien».

Frente a esto, el Gobierno ya confirmó que protegería a los funcionarios catalanes frente a posibles represalias del Govern en caso de que no acatasen las leyes de «desconexión» del Parlament, que incluyen el referéndum del 1-O.

A pesar de esto, los independentistas están dispuestos a llevar a cabo la consulta ilegal pase lo que pase. Prueba de ello es que en Estados Unidos han convocado reuniones para orientar e informar de cómo se va a realizar el referéndum secesionista. Un órdago que la Guardia Civil ya investiga mediante la imputación de varios colaboradores de Puigdemont. El Ejecutivo previene a los suyos y les sugiere que estén a menos de dos horas de Madrid por si tienen que recurrir algún acto de urgencia proveniente del Parlament, que volverá al trabajo la segunda quincena de agosto.