Imputada por detención ilegal la directora de Salud que confinó a 250 estudiantes en Mallorca

El Juzgado de Instrucción número de 12 de Palma ha imputado a la directora general de Salud Pública del Gobierno balear, Maria Antònia Font, acusada de detención ilegal. La imputación de Font llega después de que varios padres presentaran sendas querellas contra ella por haber ordenado el confinamiento forzoso de más de 250 jóvenes en un hotel de Mallorca tras un brote de Covid surgido durante los viajes de fin de curso. Además, se enfrenta también al delito de prevaricación.

En concreto, la investigación iniciada a la alto cargo del Gobierno de Francina Armengol se corresponde con la querella de la madre de uno de los jóvenes confinados. Font tendrá que comparecer el próximo 7 de septiembre para explicar su actuación. La resolución que firmó fue anulada por un juzgado de lo Contencioso que consideró que el Gobierno insular no había justificado la condición de contacto estrecho de algunos de los jóvenes.

La querella que ha precipitado la imputación de Font es una de las tres que se han interpuesto contra ella en los juzgados de Palma. Las otras dos denuncias están en los juzgados 1 y 9 de Palma, que han optado por practicar diligencias antes de decidir y de inhibirse al 12 para que centralice todo el proceso.

La investigación abierta sobre las órdenes de Font se centra en el momento en el que ordenó el confinamiento de más de 150 jóvenes: el sábado 25 de junio. El Gobierno balear trasladó durante ese fin de semana a 249 jóvenes al ‘hotel puente’ para positivos en coronavirus y contactos estrechos Palma Bellver por estar relacionados con el macrobrote iniciado en un viaje de estudios a Mallorca y que afectó a más de 1.000 estudiantes de toda España.

Una vez en el hotel, empezó la polémica. Los padres y los alumnos exigían su libertad y denunciaban un secuestro. Las autoridades les sometieron a un test PCR y, hasta el momento, de los 249 jóvenes trasladados, 64 dieron positivo y 185 negativo.

Varios estudiantes aseguraron que fueron trasladados a la fuerza y sin el consentimiento de sus padres. La formación política Vox también aseguró que no es cierto que existieran las autorizaciones a las que se refirió la consejera de Salud, Patricia Gómez, cuando dijo que los jóvenes desplazados hasta este momento habían dado consentimiento para el traslado. La consejera reconoció que varios de los menores no quisieron trasladarse al hotel Covid y se les forzó a ello.