El Govern de Torra analiza la aplicación inminente del régimen de semilibertad a los presos

La salida de los políticos catalanes condenados este lunes por el Tribunal Supremo puede ser inminente. El pleno del Parlament podría exigir su salida con una fórmula que estudian ya el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la consejera de Justicia, Ester Capella. No abrirían las prisiones pero sí aplicarían un tercer grado inminente que facilitaría su salida durante el día de las cárceles y les obligaría únicamente a ir a dormir.

Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en materia de vigilancia penitenciaria, por lo que, una vez condenados, los reos pasan a estar bajo la jurisdicción de la misma Generalitat que ellos usaron para poner en jaque el sistema constitucional. Los propios presos rechazan la apertura de las prisiones, pero se abren a fórmulas como las de un tercer grado que les permita la salida.

Una vez abandonan la prisión provisional, tras recibir la condena, los funcionarios de prisiones ordenan por grados a los reos. Normalmente se les aplica el segundo grado, que permite una cierta libertad dentro los centros penitenciarios, pero que les obliga a estar las veinticuatro horas internado. El primer grado es para los más peligroso y el tercero para los que se portan bien y ya han cumplido parte de la condena. Esta decisión se suele tomar entre dos y tres meses después de su ingreso pero la Generalitat analiza forzar la maquinaria funcionarial para que esa revisión se haga antes.

Siete de los nueve presos se encuentran en la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Bages), la más moderna de las prisiones catalanas junto a la de Mas d’Enric (El Catllar, Tarragona) donde está Carme Forcadell. Dolors Bassa, condenada a doce años, se encuentra en El Puig de les Basses, Figueras (Gerona). En las últimas semanas Torra ha provocado cambios en la dirección de algunas de estas prisiones. En Lledoners mismo, en julio cuando empezó a ponerse fecha a la publicación de la sentencia, Torra y Capella cesaron a la directora de Lledoners, Paula Montero, para colocar en su sitio a Susana Gracia, más afín al separatismo.