El ‘Gordo’ penitenciario de la Navidad de Sánchez: su entorno se enfrenta a 112 años de cárcel

La trama Sánchez, que abarca cinco casos principales ahora mismo bajo investigación en distintas instancias judiciales, agrupa ya hasta 23 delitos de corrupción con penas de prisión que alcanzan, sumadas todas ellas y en el peor de los casos, hasta 112 años de prisión. Los delitos cometidos por miembros del Ejecutivo, del PSOE y del entorno más cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como son su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Azagra, su mano derecha en el PSOE, José Luis Ábalos, el ayudante de éste, Koldo García; el socio del asesor, Víctor de Aldama; y el fiscal general impuesto por Sánchez, Álvaro García Ortiz.

‘Caso Ábalos’

Así, en la Audiencia Nacional, en concreto en el Juzgado Central de Instrucción número 2, se encuentra bajo investigación el caso Ábalos, en el que se investigan las presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario durante los peores meses de la pandemia. El Supremo investiga al ex ministro de Fomento y quien fuera mano derecha de Sánchez en el PSOE, José Luis Ábalos; al empresario Víctor de Aldama y el que fuera ayudante de Ábalos, Koldo García.

El ex ministro está acusado de cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Al que fuera número 3 del PSOE, podrían penarle con hasta 24 años de prisión. En el caso de Aldama, está investigado por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública, por lo que también podrían caerle 24 años. A estos habría que sumar las posibles penas de 18 años que se investigan por el caso hidrocarburos. Koldo García está siendo investigado por cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, que suman penas de hasta 18 años.

Teniendo en cuenta al resto de investigados, suman la posible comisión de seis delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Todos ellos podrían sumar penas de hasta 30 años de cárcel.

El fraude también salpica a varios ministerios del Ejecutivo de Sánchez y a los gobiernos que presidieron Francina Armengol y Víctor Ángel Torres en Baleares y Canarias, respectivamente.

‘Caso hidrocarburos’

En el caso hidrocarburos, el juez Santiago Pedraz también señala al empresario Víctor de Aldama, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales, con penas que podrían llegar, en su conjunto, a 18 años de prisión.

‘Caso Begoña Gómez’

La mujer del presidente del Gobierno se encuentra inmersa en el conocido como caso Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que la investiga por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, intrusismo laboral y apropiación indebida que conllevan hasta 11 años de cárcel en el escenario más adverso. No obstante, todavía podría enfrentarse a un tercero, en este caso, apropiación indebida.

El delito de corrupción en los negocios implica penas de prisión de seis meses a 4 años. Consiste en el pago de dinero, sobornos y otros ofrecimientos económicos con el fin de asegurar la ejecución de un contrato o la obtención de ventajas competitivas frente a otras empresas, o en solicitar, aceptar o recibir dichos ofrecimientos. Es la primera vez en la democracia española que la mujer de un presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones ante la justicia por sus negocios privados.

El segundo delito, el de tráfico de influencias, sanciona las acciones tendentes a influir en un funcionario público o autoridad para que tome una decisión que tenga un beneficio económico directo o indirecto, para él mismo o para un tercero.

Sobre el delito de apropiación indebida, castiga la estafa con hasta 3 años de prisión en función de la cantidad de dinero que se haya defraudado y del «quebranto económico causado al perjudicado». También se tendrá en cuenta «las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción».

Respecto al intrusismo laboral, el Código Penal recoge que sanciones para las personas que ejerzan «actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente». Las penas van hasta entre los seis meses y los dos años de prisión.

Causa contra David Azagra

El hermano del jefe del Gobierno está imputado por cinco supuestos delitos de corrupción y fiscales: contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Por todo ello, David Sánchez podría enfrentarse a una pena de hasta 12 años de cárcel en el grado máximo. De este caso se encarga el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

El músico de profesión consiguió en 2017 un puesto como coordinación de conservatorios en la Diputación de Badajoz gobernada por el PSOE. También le correspondía la responsabilidad de coordinar los conservatorios de la provincia y la dirección del programa cultural Ópera Joven. Por último, fue fichado por el Teatro Real de Madrid como consejero de la institución cultural.

Su contrato en la Diputación le impide el teletrabajo o la gestión remota de los asuntos que supuestamente debe dirigir en persona desde su despacho. Esa administración no ha sido capaz, sin embargo, de señalar con claridad cuál es su puesto de trabajo y sus compañeros afirman no haberlo visto.

Causa contra el fiscal general

El Tribunal Supremo está investigando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de información protegida por el secreto profesional sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, involucrado en una investigación por un supuesto fraude fiscal. Puede tener hasta cinco años de prisión.

El artículo 417 del Código Penal recoge que el funcionario que «revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados» podría incurrir en una «inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años». Además, señala que si la filtración provocara un «grave daño para la causa pública o para tercero», entonces la pena de prisión podría elevarse hasta los cinco años de prisión.