Golpe al oscurantismo de Ribó: el Defensor del Pueblo le exige los gastos de los grupos políticos

• Agustín de Grado @a_degrado
• Subdirector y responsable del Área Política en OKDIARIO. Antes jefe de área en ABC, subdirector en La Razón y director de Informativos en Telemadrid.
• • 24/06/2018 09:34
  • Actualizado: 24/06/2018 09:34

La transparencia del alcalde de Valencia, Joan Ribó, en entredicho. El Defensor del Pueblo le ha exigido formalmente que facilite el acceso a la contabilidad de los grupos políticos, dado que se nutren de los presupuestos públicos.

Considerado uno de los autodenominados ‘alcaldes del cambio’, Ribó (Compromís) venía alegando que era suficiente con los informes de fiscalización de la Intervención Municipal. Sin embargo, el Defensor del Pueblo le apremia a que garantice el acceso público a los documentos con los que los grupos municipales acreditan sus gastos.

«Es una cuestión de control del destino de los recursos público que integran el presupuesto municipal, por lo que el Ayuntamiento no se puede desentender del uso que se haya dado a los mismos», asegura el Defensor del Pueblo en su expediente, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El Defensor del Pueblo le recuerda al alcalde de Valencia que el Tribunal de Cuentas «ha establecido la obligación de acreditar los gastos concretos a que se han dedicado las asignaciones recibidas por los grupos políticos municipales» y se sorprende de que en el Ayuntamiento de Valencia «no obren antecedentes sobre los gastos pagados con las subvenciones municipales entregadas a los grupos políticos».

El Defensor del Pueblo se sorprende de que en el Ayuntamiento de Valencia «no obren antecedentes sobre los gastos pagados con las subvenciones municipales entregadas a los grupos políticos»

La abanderada transparencia de Ribó recibe una reprimenda del Defensor del Pueblo con esta frase: «Forma parte de la obligación de publicidad activa la información sobre las subvenciones públicas y su destino, cuya finalidad es el ejercicio del control de la actividad pública por parte de los ciudadanos».

Y añade más: «La información relativa a la justificación documental del uso dado a los fondos públicos debe ser de fácil accesibilidad ya que los grupos políticos han de contar con ella y la tienen que tener preparada para rendir cuentas ante el Pleno en cualquier momento».

Sin embargo, en el Ayuntamiento que preside Joan Ribó ha sucedido todo lo contrario. Se desconoce si los grupos políticos conservan la documentación acreditativa de los gastos de estos tres años y el Ayuntamiento «no ha emprendido acción alguna» para recabar esa documentación que permita velar por que los fondos públicos se han destinado a un uso acorde para la finalidad concedida.

Discriminación del español

El revolcón del Defensor del Pueblo al alcalde de Valencia llega después de que en abril constatara también que Ribó no está respetando los derechos lingüísticos de todos los valencianos al imponer el valenciano como único idioma en la publicación de las actas de las sesiones del Pleno municipal y en las resoluciones del gobierno municipal. En una resolución adelantada por OKDIARIO, el Defensor del Pueblo recriminaba al gobierno municipal valenciano por discriminar a los castellanoparlantes.

El Defensor del Pueblo reconocía que la Ayuntamiento está legalmente habilitado para redactar sus documentos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la región, el español y el valenciano. Pero eso no significa que algunos ciudadanos que desconocen el valenciano, no puedan ver sus derechos lesionados.

En este sentido, el Defensor del Pueblo explicaba que surge un problema cuando el derecho de la administración municipal valenciano a publicar en uno solo de los dos idiomas oficiales impide a los ciudadanos entender el contenido de las actas y resoluciones, puesto que no todos los ciudadanos de Valencia entienden el valenciano y porque el Ayuntamiento se relaciona no sólo con vecinos de la ciudad, sino también con otros sujetos personales y jurídicos que no residen ni en la capital valenciano ni siquiera en la misma Comunidad autónoma.