El Gobierno vigilará al sindicato independentista que enseña a los funcionarios a evitar la sedición

El Gobierno de Mariano Rajoy permanece atento y vigilante ante todo acto que implique saltarse las leyes en Cataluña «y en cualquier otra provincia de España», recalcan. Pero desde hace unas semanas han puesto especial atención al sindicato catalán Intersindical-CSC que, con ayuda en algunas ocasiones de la ANC, han puesto en marcha una campaña donde explican a a los funcionarios cómo evitar ser castigado por «desobediencia, prevaricación, sedición o traición» por colaborar con el proceso independentista.

Fuentes gubernamentales explican que desde este sindicato y con la ayuda de la ANC se han venido dando charlas a funcionarios en distintos departamentos de la Generalitat (como los de Presidencia, Vicepresidencia, Interior o Salud) donde detallan cómo se está llevando a cabo el proceso; en qué situación se encuentran en estos momentos y otra parte que, desde este sindicato llaman de «asesoramiento», les explican cómo saltarse los delitos enumerados si participan en la organización de un referéndum unilateral. «No estáis solos y nos va a pasar nada», aseguran en estas charlas de no más de 20 personas según fuentes presenciales.

Desde el Ejecutivo explican que permanecen «vigilantes» ante estos acontecimientos aunque, «si no dan ningún paso, nosotros no podemos actuar ante la Justicia porque no incumplen la Ley». Sin embargo, tienen pleno conocimiento de estas acciones y de sus responsables. En este caso, se trata de dirigentes de este sindicato como Marc Sallas, David Hereu o de colaboradores como el secretario general del Ayuntamiento de Tarragona y también relacionado con la ANC, Joan Anton Font. 

La última de estas citas se dio la semana pasada en el departamento de Interior de la Generalitat donde también participó en este caso el coordinador de la sectorial de administración pública de la ANC, Josep Antolí, quien se jactó en público de que «nadie hasta la fecha» ha invalidado un documento, publicado hace justo un año, donde explica las salidas que tienen los funcionarios frente a las actuaciones que podría emprender el Gobierno en caso de colaborar con la celebración del referéndum unilateral.

El documento titulado ‘Informe jurídico sobre las posibles consecuencias en el ámbito penal de las actuaciones de los funcionarios durante el proceso que lleve a la independencia’ sigue colgado en la web de la Asamblea de Cataluña. Este informe recalca que que ningún funcionario público puede ser acusado de cualquiera de estos delitos o de desobediencia si hay una «instrucción clara y precisa de una instancia superior como la Generalitat o el Parlamento de Cataluña».

Las fuentes consultadas explican que Antolí, incluso se permitió anunciar a los funcionarios que podrían estar tranquilos ya que desde el PDeCAT, ERC, CUP y el propio sindicato CSC se ha prometido a los empleados públicos facilitarles su incorporación a la futura administración catalana. Todo ello arropado por una campaña llamada ‘Yo sí me apunto’ que ha lanzado el sindicato y semana tras semana va informando de los numerosos actos. Además y desde su página web cuelgan lo que ellos llaman «octavillas» para que recuerden las principales acciones de respuesta en caso de que se les acuse de «prevaricación, desobediencia, rebelión, sedición y traición».

El propio sindicato ofrece «asesoría legal» a los trabajadores públicos que hayan recibido presiones del Estado, según defienden en un comunicado, tras haber colaborado en actos para la celebración del referéndum.