El gobierno vasco equipara a las víctimas de ETA con la de un policía de paisano ebrio en un bar

En agosto de 1979 “un policía de paisano, al parecer embriagado” (según el propio relato oficial del gobierno vasco) mató al propietario de un bar de Vitoria. Justo López de Zubiria aparece en el mapa que la Lehendakaritza elabora de “las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco” junto a las centenares de víctimas de ETA entre 1960 y 2010. Así, el mismo gobierno que considera la agresión de Alsasua una pelea de bar, convierte en represión policial la acción de un agente fuera de servicio, sin uniforme y borracho.

La batalla por el relato de lo que fueron los cincuenta años de terrorismo indiscriminado de ETA se libra en tres frentes: el de las víctimas de la organización terrorista; el de los promotores, defensores y ejecutores del terror y el de la equidistancia del gobierno vasco, que equipara a los que perdieron la vida a manos de los pistoleros con quienes lo hicieron por actuaciones de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Ya son 130 los municipios vascos que han recibido un cuadernillo con los nombres de las víctimas que murieron en sus calles, carreteras o términos municipales. El objetivo, según la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, es “informar para incentivar una política municipal de memoria y acercamiento a las víctimas y sus familias”.

Y con ese objetivo están, junto a los asesinados por ETA, aquellos que murieron por acciones de la Policía y la Guardia Civil. Todas son víctimas oficiales y reconocidas de la vulneración de los derechos humanos en un contexto histórico que el gobierno de Íñigo Urkullu denomina como “caso vasco”.

Así, junto a los centenares de españoles a los que la bomba lapa o el tiro en la nuca de un etarra segó sus vidas, son víctimas del autodenominado “caso vasco”, por ejemplo, Íñigo Cabacas, aficionado del Athletic que falleció por una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza durante una carga en 2012, y Aitor Zabaleta, hincha de la Real Sociedad que falleció en 1998 apuñalado en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón (Madrid).

El catálogo del gobierno vasco incluye también como víctima de las fuerzas de seguridad del Estado a Ángela Benito Martínez, que murió en Amezketa (Guipúzcoa) en 1981 después de sufrir un “ataque al corazón por la tensión que le causó el registro en su casa” de la Guardia Civil.

Un batasuno al frente

La Secretaría General de Derechos Humanos y Convivencia está dirigida por Jonan Fernández, ex concejal de Herri Batasuna en Tolosa y creador de Elkarri, una organización que bajo el pretexto de la normalización se negaba a condenar el terrorismo de ETA: “No, no la definimos como terrorista. El lenguaje tiene cierta importancia, y ciertos calificativos no tienen mucha utilidad con vistas a una solución”, declaró en su día.

Fernández ha sido designado por Urkullu como interlocutor principal del gobierno vasco con el Pedro Sánchez para llegar a acuerdos de política penitenciaria y acercamiento de los presos de ETA a cárceles de País Vasco. El exconcejal de Herri Batasuna defiende que todos ellos, incluso los más duros, deben cumplir sus condenas en cárceles vascas.