España
'España Global'

El Gobierno utiliza un informe sobre el separatismo para atacar a la «extrema derecha» de Vox

Un dossier de 'España Global' alude con insistencia a Vox como la "extrema derecha". La guía va dirigida a corresponsales e interlocutores internacionales y pretende desmontar las mentiras del 'procés'.

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado ‘España Global’, ha utilizado un informe que intenta desmontar las principales mentiras del independentismo para referirse de nuevo, y con insistencia, a Vox como «extrema derecha», la definición con la que intentan frecuentemente descalificar a la formación de Santiago Abascal.

El documento ‘La realidad sobre el proceso independentista’, de 63 páginas, recoge algunos mensajes frecuentes de los secesionistas, bajo la calificación de ‘fake’ (falsedades) y los rebate con ‘facts’ (hechos). Una de las «falsedades» a examen es la siguiente: «La situación vivida en Cataluña no ha tenido nada que ver con el reciente auge de la extrema derecha (Vox) en España». 

Una afirmación que el Gobierno socialista atribuye a los separatistas y que, a continuación, desmonta asegurando: «Los datos apuntan en dirección contraria, ya que los sucesos que rodearon el referéndum ilegal de independencia en otoño de 2017 marcan el ascenso del partido Vox».

Según el informe, «la ‘cuestión catalana’ -en conexión con la idea de defensa de la unidad nacional- fue el tema más explotado durante la campaña electoral por dicha formación política, muy por delante de asuntos como la inmigración». Y concluye: «Vox obtuvo en las elecciones generales del 28/4/2019 un 10,26% del total de votos, frente a un 0,20 % en las precedentes (junio de 2016)».

El documento pretende combatir en Europa el discurso independentista y va dirigido especialmente a corresponsales, periodistas en el exterior y otros interlocutores internacionales.

«Un partido como Vox»

En otro momento, el texto plantea una serie de preguntas acerca del procés, entre las que también inserta al partido de Abascal. El Gobierno plantea «por qué un partido como Vox» está personado en la causa contra los acusados, y resuelve que «en España, tanto la institución del jurado como la posibilidad de que personas físicas y jurídicas ejerzan la acusación popular, son formas de contribución de los ciudadanos a la administración de la justicia».

«Lo mismo que Vox, se podría haber personado cualquier otro partido o colectivo», concluye. «La acusación popular en el juicio está en manos de un partido de extrema derecha llamado Vox», reitera en otra ocasión.

«Pervivencia del franquismo»

En otra frase, atribuida también al independentismo, el Gobierno vincula a Vox con «la pervivencia del franquismo». 

«El hecho de que un partido político de extrema derecha (Vox) figure en el juicio como acusación popular refleja la pervivencia del franquismo en las instituciones españolas», se plantea el Ejecutivo como ‘fake’. En contraposición, argumenta que la acusación popular está recogida en la Constitución y que el hecho de que esté ejercida en el juicio por el partido político Vox «no constituye en sí misma una especial anomalía, ya que hay diversos precedentes de partidos políticos de diferente signo que han desempeñado ese mismo papel en un pasado reciente». En este sentido, cita a PP, PSOE y también a la CUP, «un partido catalán independentista de extrema izquierda».

La guía, que se divide en varios apartados, señala, entre otros mensajes, que el del 1 de octubre «no fue un referéndum democrático» y rebate que los dirigentes independentistas encarcelados sean, como les llama el independentismo,  «presos políticos» o que en España no exista una «verdadera democracia», tesis habituales de los secesionistas. Concluye, también, que la «ley es igual para todos», como síntesis a que la cúpula del ‘procés’ esté actualmente sometida a juicio en el Tribunal Supremo.

En otro momento, no obstante, expone que «no es delito plantear la independencia de una comunidad o región sin Estado en España», un término en línea con la España ‘plurinacional’ o ‘Nación de naciones’ de Pedro Sánchez.

Niega que Cataluña sea una ‘nación’

Precisamente, en el nuevo texto, el Gobierno niega que Cataluña sea una ‘nación’, un concepto que el líder socialista enarboló en cambio en distintas ocasiones.

El Gobierno resume los efectos del proceso independentista en «menos crecimiento económico, más pobreza y más exilio laboral de jóvenes», y señala que 5.350 empresas y bancos «han abandonado Cataluña desde octubre de 2017».

También observa que «los periodistas se han convertido en objetivo de los independentistas radicales» y dice que «políticos no independentistas sufren a diario agresiones» citando a Albert Rivera, Inés Arrimadas y Xavier García Albiol. El documento se utiliza ya en los contactos internacionales del Gobierno.

En otro momento, y sobre la actuación policial en el 1-O, recuerda que «los excesos policiales son contrarios a la ley» y sostiene que los dilucidarán los tribunales, donde hay 33 agentes imputados, destaca, «por un presunto uso excesivo de la fuerza».

El dossier recoge también las cinco razones del Gobierno para rechazar el referéndum: que «la independencia de Cataluña tendría consecuencias negativas para todos los ciudadanos españoles», «que supondría la inevitable salida de Cataluña de la UE» y con ello un «perjuicio económico», que «dejaría a Cataluña dividida en dos durante mucho tiempo», que «la secesión de Cataluña es un paso en la dirección contraria al espíritu de la integración europea» y, por último, que «al igual que en la gran mayoría de países del mundo, el Gobierno no tiene potestad para organizarlo sin una reforma constitucional».

Discrepancias entre Fiscalía y Abogacía

El informe incide también en las «discrepancias» entre Fiscalía y Abogacía del Estado, ya que la primera ha acusado a los políticos de rebelión y la segunda de sedición.

Cabe recordar que, el pasado noviembre, el Gobierno cesó al abogado del Estado que ejercía la acusación en la causa del procés, Edmundo Bal -ahora diputado y portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso- y que era partidario de acusar por delito de rebelión. La destitución llegó tras varios meses de discusiones sobre la calificación jurídica de los hechos relacionados con el referéndum ilegal. Justicia alegó «pérdida de confianza» para cesar a Bal, que era responsable de Penal de la Abogacía desde hacía 16 años.