El Gobierno de la ‘trama PSOE’ riega con 1 millón a la OCDE para «difundir sus políticas» anticorrupción

El Gobierno de Pedro Sánchez regará con casi un millón de euros a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para «difundir sus políticas» anticorrupción en medio de la trama PSOE que acorrala judicialmente al entorno político del presidente, así como a altos cargos del Ejecutivo socialista.

El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero ha autorizado en el Consejo de Ministros de este martes una «contribución voluntaria de España a la OCDE para el estudio de Apoyo en la implementación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción». El Ejecutivo tiene previsto entregar a este organismo internacional un importe total de 980.000 euros.

La contribución persigue que la OCDE le ayude a implementar un plan anticorrupción. Para ello, el Ejecutivo socialista asegura que está abierto a la «colaboración en el diseño de una Agencia Independiente de Integridad Pública» realizando un «análisis de lo que hay en otros países y de los mecanismos de coordinación».

Por otro lado, esa aportación también servirá, según el Gobierno, para brindar «apoyo en el diseño y monitorización de los sistemas de evaluación del Plan Estatal» además de para trabajar en «el incremento de transparencia e integridad en la financiación de partidos políticos».

Investigación de pagos del PSOE

Este último detalle es especialmente relevante en la medida en la que las cuentas del PSOE están siendo investigadas por la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades. El juez Ismael Moreno solicitó al partido todos los pagos en metálico de la etapa de Sánchez y sus justificantes. El magistrado decretó el secreto para investigarlo en una pieza separada y estableció un plazo de un mes para mantener bajo reserva las actuaciones mientras se practican esas diligencias.

Sin embargo, el Gobierno se vanagloria de haber puesto en marcha su Plan Estatal de Lucha Contra la Corrupción: «Constituye la respuesta más ambiciosa que nuestro país ha emprendido frente a la corrupción».

El Ejecutivo describe la corrupción como «un fenómeno que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y distorsiona el funcionamiento de la democracia». Algo que, precisamente, ha ocurrido en el seno de su Gobierno, ya que se está investigando al que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos; al ayudante de éste, Koldo García, así como a altos cargos como el ex presidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Vicente Fernández, o la fontanera del PSOE, Leire Díez, quien también fue directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos o jefa de Comunicación en ENUSA, la empresa pública del uranio. Todos ellos están bajo la lupa judicial por presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos.

Sin embargo, el Ejecutivo se vanagloria de su lucha contra esta lacra: «El Gobierno de España ha apostado por una estrategia nacional integral contra la corrupción, alineada con los estándares internacionales».

Con la contribución de casi un millón de euros, el Gobierno pretende que la OCDE ofrezca «directrices y recomendaciones» para la mejora de «sus marcos de integridad pública». El acuerdo firmado entre el Gobierno y el organismo internacional incluye una serie de «entregables de cada uno de los puntos que aborda». De ese modo, desde el Ejecutivo creen que «su ejecución y cumplimiento serán fácilmente comprobables».

«Promoción de la integridad»

Desde La Moncloa dicen esperar un «impacto a largo plazo» que se vería en «el fortalecimiento del marco de integridad en España». Concretamente, el Gobierno pretende que la colaboración con la OCDE le aporte un impulso en «la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad pública en todas las instituciones».

Además, tal y como ha detallado el Ejecutivo, los beneficios «que justifican el interés» de la administración socialista en contribuir a la financiación de este estudio son, entre otros, la «difusión de políticas y resultados españoles». Una política que, sin embargo, no ha evitado que tuvieran lugar casos como los que se investigan en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.

Por otro lado, también señalan la importancia de la «visibilidad y notoriedad de España participando como miembro relevante en la OCDE». Según el Ejecutivo, esta contribución también se traducirá en un «retorno en forma de producto» para que el propio Gobierno diseñe su Agencia Independiente de Integridad Pública.

Además, creen que la OCDE podrá ofrecer un apoyo clave en el «diseño y monitorización de los sistemas de evaluación del Plan Estatal» de lucha contra la corrupción. Y, finalmente, un apoyo a los trabajos para asegurar el «incremento de transparencia e integridad en la financiación de partidos políticos».

Más ayuda para un Gobierno abierto

Este gasto se suma a la entrega de 300.000 euros a la OCDE para poner en valor su plan de «Gobierno abierto» y blanquear su «compromiso anticorrupción» en medio de los escándalos judiciales.

Esta otra aportación tenía el  objetivo de «apoyar a España en la reforma de la administración central». Y se argumentó que brindaría «una perspectiva externa para establecer una Estrategia de Gobierno Abierto» y permitiría «crear sinergias con otras iniciativas y otros procesos administrativos, institucionales y legales relevantes».

El Gobierno vinculó ese proyecto con el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Apuntaban desde la administración central que éste «da cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Ley de Protección del Informante y despliega una estrategia de acción en materia de transparencia, buen gobierno de las Administraciones», pero también «combate la corrupción».