El Gobierno subvencionará ahora proyectos de «experimentación social» para «integrar» a los inmigrantes regularizados

El Gobierno de Pedro Sánchez subvencionará proyectos de «experimentación social» para la «inclusión de colectivos vulnerables», entre los que se incluyen las «personas migrantes», como los regularizados por el Ejecutivo socialista a través del procedimiento extraordinario al que se han acogido 1,3 millones de extranjeros en situación administrativa irregular.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz ha elevado a audiencia pública, paso previo a la aprobación de una norma, el proyecto de orden que aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la «ejecución y evaluación de proyectos de innovación y experimentación social con el objetivo de fomentar la inclusión de colectivos vulnerables».

Con ello, la voluntad del Ejecutivo es aportar la financiación a las actividades de desarrollo de «nuevas ideas relacionadas con productos, prácticas, servicios y modelos» para satisfacer «necesidades sociales» y generar «nuevas colaboraciones o relaciones sociales entre organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil o privadas». Con ello, pretenden «beneficiar a la sociedad y reforzar su capacidad de actuación».

Y explica que la «experimentación social» que va a sufragar el Ejecutivo se refiere a la «intervención estratégica» que aporte «respuestas innovadoras a las necesidades sociales», que se apliquen «a pequeña escala» y de modo que puedan «medir su impacto», y de qué modo se llevarían a cabo a «mayor escala» si los «resultados resultan positivos».

«Acompañamiento integral»

Las actuaciones tendrán que incluir un «acompañamiento integral a los colectivos de personas vulnerables» con «equipos multidisciplinares» para lograr la «innovación social» a la hora de prevenir «situaciones de riesgo de exclusión y el fomento de la inclusión». Todas ellas tendrán que estar enclavadas en algunas de las siguientes categorías:

• Socio-laboral.
• Educación.
• Competencias digitales.
• Vivienda.
• Pobreza energética.
• Bienestar físico y psicosocial, incluyendo la promoción de hábitos saludables y de salud mental.

Los proyectos tienen que promover la inclusión de los que el Gobierno considera como colectivos vulnerables para poder recibir este tipo de subvenciones. Dentro de esa denominación estarían los beneficiarios del ingreso mínimo vital y las rentas mínimas autonómicas; la infancia y la juventud, incluyendo las personas jóvenes ex tuteladas; las personas mayores; las personas con discapacidad; las personas migrantes, incluidas las personas temporeras agrícolas extranjeras; las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual; las víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual; las personas sin hogar; las personas que encabezan hogares monoparentales; las personas pertenecientes a minorías étnicas; las personas LGTBI y las personas trans; las personas reclusas y ex reclusas; las personas con problemas de adicción; y otras personas en situación o riesgo de exclusión social.

La medida llega a audiencia pública el día después del plan de Sánchez con 500 millones de euros para la «integración» de los inmigrantes que viven en España. Se trata de un programa dividido en cuatro ejes. Por un lado, ha asegurado que se trata de la ordenación de los flujos migratorios y su regularidad. Segundo, el reconocimiento del trabajo. En tercer lugar, la integración como compromiso recíproco. Por último, hacer efectiva la ciudadanía.

El plan para «integrar» a la inmigración llegada a España incluía la regularización masiva, cuyo proceso para presentar solicitudes acababa este martes y ha llegado a más de 1,3 millones de peticiones, más del doble de lo que había previsto el Gobierno socialista.

Regularización masiva de inmigrantes

Todo ello cuando ha terminado ya el proceso de regularización masiva. A este procedimiento extraordinario se han podido acoger personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025. Estos habrían tenido que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permitía a los inmigrantes ilegales tener derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarían suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona. Cuando se admitiera a trámite, se concedería una autorización de residencia provisional con la que se puede trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por un periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.