El Gobierno recurrirá al TC la propuesta de Torrent de investir a Puigdemont

El Gobierno de Mariano Rajoy ha solicitado un informe al Consejo de Estado para impugnar ante el Tribunal Constitucional la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torent, de proponer a Carles Puigdemont como candidato a la investidura como presidente de la Generalitat. El Ejecutivo considera que esa decisión no fue ajustada a Derecho por el «estatus jurídico» del prófugo: no tiene libertad deambulatoria para entrar en España y sobre él pesa una orden de busca y captura.

El presidente del Gobierno ha firmado esta mañana la decisión de solicitar ese informe jurídico. Lo ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ha comparecido en el Palacio de la Moncloa el mismo día en el que Torrent decide si el pleno de investidura se celebrará el 30 de enero, como era su idea, o bien el 31, como ha pedido esta mañana en solitario JxCat.

Torrent se reunió ayer en Bruselas con Puigdemont, a quien el pasado lunes propuso como candidato a ser investido presidente de la Generalitat. La interposición de este recurso conllevaría la suspensión de esa decisión, en invocación del artículo 161.2 de la Constitución.

El informe que el Ejecutivo ha elevado al Consejo de Estado plantea dos cuestiones: la primera, la posibilidad de anular la candidatura de Puigdemont propuesta por Torrent, sin necesidad de que exista un acuerdo de la mesa del Parlament. Y en segundo lugar, en ese caso, ponerle en la tesitura de desobedecer al TC (la vía Forcadell) o proponer otro candidato (vía de respeto a la legalidad).

Carece de «libertad deambulatoria»

En paralelo, el Gobierno ha hecho también uso de una fórmula poco usada hasta ahora: una consulta potestativa al Consejo de Estado para que informe sobre una serie de extremos, entre otros dictaminar si un candidato que no está presente en la Cámara puede ser investido sin su presencia y sobre la hipotética aceptación del voto delegado de los diputados que se encuentran fuera de territorio nacional.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que Torrent ha propuesto candidato «a una persona que no tiene la plenitud de sus derechos, ni un derecho absoluto a la libertad deambulatoria». Y a continuación fijaba el alcance de esta medida, no extendiéndola a lo que pueda suceder con otras candidatura: «No se presenta por una circunstancia de futuro, sino de presente: Puigdemont tiene una orden de detención. Si viene, ha de ponerse a disposición de la Justicia, y si no, que lo hagan las fuerzas de seguridad».

Sí a proponer «otro candidato»

Pero, al mismo tiempo, Sánez de Santamaría ha abierto la posibilidad a otros candidatos: «Lo que decimos es que no puede proponer a Puigdemont como candidato, pero sí a otro. Si es así y puede llevar a cabo la investidura, sería otro caso. Es un estadio previo», ha explicado.

El Gobierno pone así el foco en los próximos movimientos del presidente del parlamento de Cataluña: «Tenemos que ver primero lo que hace Torrent, y ver si acata las decisiones de la Justicia: convendría dar espacio para mostrarse respetuoso con la legalidad y los tribunales», ha dicho la vicepresidenta.

Soraya Sáenz de Santamaría ha avanzado asimismo de que el Gobierno ha informado sobre esta iniciativa a otros partidos: «A los que se han dirigido a nosotros, al PP y al PSC», además de dejar claro que «esta decisión no tiene que ver con la aplicación del 155, es una decisión del Gobierno y es su responsabilidad».