El Gobierno permite la celebración de las elecciones vascas y gallegas durante el estado de alarma

El Gobierno ha dispuesto que el estado de alarma «no supondrá obstáculo alguno» para la celebración de las elecciones que se convoquen mientras esté vigente, como es el caso de las vascas y gallegas. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado recoge la cuarta prórroga del estado de alarma y establece que el Ejecutivo se obliga a disponer «lo oportuno para que el servicio público de correos, los fedatarios públicos y demás servicios de su responsabilidad coadyuven al mejor desenvolvimiento y realización de elecciones convocadas a Parlamentos de Comunidades Autónomas».

Se trata de una de las enmiendas que el PNV presentó a la última ampliación, que se aprobó este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.

Aunque no hay fecha aún para la celebración de las elecciones en el País Vasco y Galicia tanto el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoó, no descartan convocarlas en julio. Para ello, necesitaban tener garantías de que el servicio de Correos iba a funcionar a pleno rendimiento para permitir el voto por correo.

«Cogobernanza»

Otra de las propuestas presentadas por el PNV y aceptadas por el Gobierno tenía que ver con la necesidad de que las decisiones que se tomaran en el proceso de relajación progresiva de las restricciones del estado de alarma se adoptaran de forma conjunta entre el Ejecutivo y el Gobierno autonómico. 

Así, en la redacción final de la prórroga se determina que el Gobierno «podrá acordar conjuntamente con cada Comunidad Autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada Comunidad Autónoma».

«En caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia de la Comunidad Autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio», se añade. Es decir, en caso de que se no logre un consenso, la última palabra la seguirá teniendo el Gobierno.