El Gobierno no meterá en las estadísticas de violencia de género el suicidio de la empleada de Iveco

El Gobierno no contempla incluir en la estadística oficial de víctimas mortales por violencia de género a la trabajadora de la empresa Iveco que se quitó la vida el pasado sábado tras difundirse un vídeo de contenido sexual suyo entre sus compañeros de trabajo, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Igualdad. El exnovio, que es el principal sospechoso de haberlo difundido, se ha entregado este jueves a la Guardia Civil y ha quedado en libertad sin cargos tras prestar declaración ante la Policía Nacional.

Fuentes del departamento que lidera Carmen Calvo consultadas por Europa Press han señalado que no se plantean incorporar este caso al registro oficial de víctimas mortales, una base de datos que realiza la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género desde el año 2003 y que contabiliza las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Desde el 1 de enero de ese año hasta hoy, son 995.

Estas mismas fuentes han argumentado que este caso «se trata de un suicidio» que «todavía no se ha juzgado», tras ser preguntadas acerca de la posibilidad de que la mujer que se ha quitado la vida, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, forme parte de la ficha de víctimas mortales por este tipo de violencia.

Las estadísticas oficiales que el Gobierno elabora actualmente siguen lo establecido en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 1/2004. Esta norma define la violencia de género como la que perpetra un hombre sobre una mujer con la que ha tenido una relación de pareja o sobre los hijos de ella.

Tal y como ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, la ex pareja de la mujer se ha entregado a las 16 horas en un cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo. El sospechoso, que por el momento no está detenido, está prestando declaración.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha abierto diligencias para investigar la difusión. La mujer estaba preocupada por lo que opinaría su marido, que vio el video el viernes. Al parecer, la difusión de este material entre sus compañeros de trabajo pudo llevar a la trabajadora de Iveco a suicidarse el pasado sábado en su casa de Alcalá de Henares (Madrid).

Tras la reforma del Código Penal de 2015 se establece una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses al que, «sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona».

Según señala, la pena se agrava cuando sean cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.