España

El Gobierno habilitará antes de octubre 1.150 plazas más para recibir inmigrantes irregulares

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado que antes de octubre se habilitarán 1.149 plazas más para acoger a los inmigrantes que llegan en patera a España, lo que supone un incremento del 27%. En total, al comienzo de ese mes, el número de plazas ofertadas en total será de 5.359.

Así lo ha manifestado Valerio durante su comparecencia a petición propia celebrada este jueves 30 de agosto en el Congreso para informar sobre las medidas adoptadas en relación con la gestión de los flujos migratorios, y a instancias del PP, Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto.

La ministra, que ha hecho un balance de las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia, ha asegurado que a su llegada al Ejecutivo las plazas ofertadas eran 2.803, mientras que actualmente hay 4.210. A esta cifra hay que sumarle las 1.149 plazas que se van a ubicar en todo el territorio nacional antes del 1 de octubre, según ha avanzado Valerio en su intervención.

La responsable de Migraciones ha reivindicado la prestación de una «adecuada» atención a los inmigrantes que llegan a España en embarcaciones en situación irregular. Para ella, es «imposible» ofrecérsela en polideportivos habilitados para la acogida ante el incremento de las llegadas a las costas españolas.

En este sentido, ha destacado la puesta en marcha de centros de acogida de emergencia y derivación en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Mérida (Extremadura), en virtud del plan de choque del Gobierno -por valor de 30 millones de euros- para reforzar la atención a los inmigrantes que llegan en patera.

Según ha aclarado, el Ejecutivo quiere valorar la posibilidad de «extender este modelo» de atención a otros lugares de España e, incluso, hacer que pasen de ser centros provisionales a centros con «infraestructuras estables y consolidadas en su entorno». «Que sean edificios o zonas que tienen muy poquita ocupación nula o muy baja durante el año y que nos permitiría mantener una red amplia y operativa en territorio por si se necesita», ha precisado al respecto.

Valerio sostiene que la inmigración es «una cuestión de Estado» y la ciudadanía exige «altura de miras, capacidad de acuerdo y responsabilidad» a los responsables políticos. Por su parte, el resto de grupos de la oposición han reclamado al Gobierno que impulse la inmigración legal y ordenada, así como una política europea común.

Inmigración legal

En este sentido, ha dicho que también es partidaria de una inmigración legal, ordenada e «integradora y de carácter comunitario» y, además, ha recalcado que su intención es «fortalecer los lazos entre países» de la Unión Europea así como mejorar la coordinación con países de origen y tránsito. Durante su intervención, la ministra ha afeado algunos discursos de dirigentes políticos que, a su juicio, «de manera irresponsable» crean una «alarma social» sobre el aumento de llegadas de inmigrantes.

En esta línea, ha matizado que dicho aumento lleva produciéndose desde 2016 por el cierre de otras vías marítimas del Mediterráneo, al tiempo que ha reprochado al PP su falta de gestión en este aspecto cuando estaba al frente del Gobierno. «Pese a que conocía el aumento de flujos y de solicitudes de asilo el Gobierno no adoptó medida alguna ni de carácter preventivo ni de atención», ha subrayado.

Desde el PP, Carlos Rojas ha apuntado que «nadie niega el efecto llamada» producido tras la acogida de los 629 migrantes del Aquarius el pasado mes de junio. «Mal empezamos si venimos sin reconocer los errores», ha sentenciado, afeando al Gobierno su «buenismo», gestión «desastrosa», y «bandazos» en esta materia.

«Si tengo que elegir, prefiero a un buenista que a un racista», le ha contestado la ministra, negando el «efecto llamada» de la acogida del Aquarius que, en su opinión, «supuso un efecto solidaridad». Asimismo, ha insistido en que «nadie en el Gobierno ni en el PSOE ha dicho que pueda haber papeles para todos», al tiempo que ha avisado de que el «racismo y la xenofobia es una de las peores enfermedades que se puede inocular en la sociedad».

Por otro lado, se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a España por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia e Italia. La Unión Europea asignó en 2015 a España un cupo de 19.449 personas durante dos años, de las que sólo se tramitó un 12,85 por ciento.

Valerio ha asegurado que el Gobierno cumplirá con la legalidad y con esta obligación. De hecho, ha aseverado que el Ejecutivo ya está trabajando con ACNUR y con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para abordar la ejecución de dicha sentencia que, en su opinión, «debería avergonzar» al anterior Gobierno.

Varios grupos de la oposición también han pedido explicaciones a Valerio sobre la devolución a Marruecos de los 116 migrantes que recientemente han saltado la valla de Ceuta, pero ella ha insistido en que eso es una competencia del Ministerio del Interior. Eso sí, ha dicho que «no es lo mismo» venir a España en «situación de indefensión» que hacerlo con «agresividad».

«Eso no se debe tolerar como país», ha apostillado. «No se puede invadir nuestro territorio de manera agresiva y menos causando lesiones a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», ha puntualizado, expresando su «respecto» a los agentes y confesando que es «hija, nieta y bisnieta» de guardias civiles.