El Gobierno evita comprometerse por escrito a impedir que el 11M prescriba

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 10/05/2023 06:45
  • Actualizado: 10/05/2023 09:05

El Gobierno ha evitado, en una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, comprometerse a impulsar actuaciones para evitar que los atentados del 11 de marzo prescriban, algo que ocurrirá el año que viene.

En el documento oficial remitido al Congreso, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ejecutivo se remite a los jueces y se limita a explicar que «por respeto al principio de separación de poderes y la independencia judicial, no puede realizar valoraciones ni inmiscuirse en la labor del Poder Judicial». Añade que «los tribunales de Justicia son los competentes para tramitar los procesos penales y con su actuación se interrumpe el plazo de prescripción de los delitos».

Los hechos del atentado terrorista que dejó 193 víctimas mortales prescribirán el próximo año, si nada lo evita. Por ello, el Partido Popular se dirigió por escrito al Ejecutivo para conocer las posibles actuaciones que tiene previsto realizar para impedirlo. «¿Contempla el Gobierno alguna acción para evitar o contribuir a evitar la prescripción del 11M?», plantearon los populares.

En su exposición, el PP recordaba que «la investigación policial y judicial, de enorme complejidad y dedicación, resultó inconclusa en lo concerniente a la autoría intelectual y la financiación del atentado, no pudiéndose demostrar y condenar a los responsables».

«Además, algunos de los principales sospechosos tampoco han podido responder ante los tribunales», denunció el PP, avisando que «a partir del próximo marzo de 2024 ya no será posible iniciar nuevas investigaciones judiciales para resolver estos interrogantes». «Por la memoria y dignidad de los miles de víctimas, así como por el bienestar de las generaciones presentar y futuras que siguen expuestas a la amenaza terrorista internacional, el 11M no debería prescribir», sostenía el partido de Núñez Feijóo.

En su respuesta, el Gobierno se limita a desmarcarse de las posibles actuaciones para evitar esa prescripción, como ya hizo a mediados de marzo la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante una comparecencia en el Congreso. Entonces, se remitió también a los jueces, destacando la «confianza» del Gobierno «en la democracia y en la separación de poderes».

193 muertos

La Asociación de Víctimas del 11M también ha instado al Gobierno a aclarar si hay diligencias abiertas y ha lamentado también la falta de información «concreta y seria» sobre si hay material que pudiera ser susceptible de impulsar la causa para conocer los autores intelectuales y financieros de los atentados. La asociación ha señalado que hay información clasificada que podría servir para evitar la prescripción, pero advierte también que cuando llegue el momento de la desclasificación de esos secretos pueda ser tarde porque se hayan cumplido los 20 años que estaban fijados para la prescripción en el momento de las explosiones. Si, finalmente, los hechos prescriben -algo que ocurrirá el 11 de marzo de 2024-, los autores ya no podrán ser juzgados.

Si el atentado hubiera ocurrido hoy, con la reforma del Código Penal de 2010, los hechos no prescribirían. Pero desde esta asociación señalan que existe una posibilidad para evitarlo, la doctrina Miguel Ángel Blanco. Esta citada doctrina se articuló en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, en la que se investiga al ex jefe de ETA Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería, y otros dirigentes etarras como autores intelectuales del asesinato del concejal de Ermua.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunció por primera vez sobre esa mencionada doctrina impulsada por el abogado de la asociación Dignidad y Justicia en un auto en el que respaldó la decisión del juez Manuel García-Castellón de mantener imputado a ese etarra al considerar que aún no era el momento procesal oportuno para aclarar si los delitos habían prescrito para él, subrayando que tal decisión correspondería al tribunal que en su día juzgue el caso. Así, según la asociación, esta doctrina abriría también la puerta a la imprescriptibilidad de los atentados del 11M.