El Gobierno elimina las trabas de los consulados que impedían el derecho a voto automático con la nacionalidad

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 10/06/2026 05:45
  • Actualizado: 10/06/2026 07:52

El Gobierno acelera la concesión del derecho a voto a los descendientes de emigrantes nacionalizados por la autodenominada Ley de Memoria Democrática. Consulados como el de Buenos Aires, el que acumula un mayor volumen expedientes de nacionalización, ya trabajan en la implementación de un nuevo sistema que permitirá el registro inmediato en la matrícula consular, lo que implica la obtención del derecho a voto. El alta en este registro supone la inscripción en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), lo que tiene efectos sobre el censo electoral.

Según los últimos datos actualizados, hasta el 31 de marzo, 2,4 millones de personas habían solicitado la nacionalidad por la también conocida como Ley de Nietos, que entró en vigor en octubre de 2022. Los consulados tramitan ya 1,2 millones de expedientes, de los cuales se han aprobado 545.000 y practicado 306.500 inscripciones en el Registro Civil consular.

La intención del Gobierno es agilizar este último trámite. Este procedimiento permitirá que los nuevos españoles puedan completar el alta de matrícula de forma coordinada con la concesión de la nacionalidad. Se aplicará a todas las personas que adquieran la nacionalidad a partir de ahora.

En paralelo, Exteriores ha reforzado además el personal de los consulados. Desde la aprobación de la ley se han incorporado 2.000 personas y este año está prevista la contratación de otros 657 efectivos, destinados especialmente a la atención consular. Además, se han creado tres plazas de cónsules adjuntos.

Aumentar la participación

El objetivo es agilizar los trámites de concesión de la nacionalidad, que tiene una especial incidencia en el censo electoral.

El PSOE fue la fuerza más votada en los cuatro comicios autonómicos celebrados desde diciembre, lo que refuerza las críticas de la oposición sobre la intencionalidad del Gobierno de cara a las próximas generales, previstas para el verano de 2027.

Y es que aumentar la participación electoral de los residentes en el exterior es uno de los grandes retos para el PSOE. En las elecciones generales de 2008, la participación entre los españoles en el exterior era del 30% pero, tras la implantación del voto rogado, ese porcentaje se desplomó drásticamente. La supresión de las trabas que suponía este sistema mejoró las cifras en 2022, aunque muy tímidamente, situándose en un 10% en los comicios de 2023.

Los socialistas han empleado la nacionalización de los descendientes de emigrantes para movilizar el voto.

Unos días antes de las últimas elecciones generales, la entonces responsable del PSOE Exterior, Pilar Cancela -actual secretaria de Estado de Migraciones-, se reunió con el colectivo de españoles de Buenos Aires, a quienes instó a votar, recordándoles que ese derecho había sido posible gracias al acceso a la nacionalidad por la ley del Gobierno socialista.

«Más que nunca tenemos que votar, movilicémonos, cada voto es imprescindible en este momento porque no queremos volver a la España negra», enfatizó Cancela, en alusión al Partido Popular y Vox.

La dirigente socialista destacó que los descendientes de emigrantes «pueden votar en las mismas condiciones que cualquier ciudadano en España, y esto ha sido gracias a este Gobierno».

También este periódico desveló que el Ejecutivo prevé un presupuesto de 8 millones de euros para una nueva ayuda -de 4.000 a 7.600 euros- destinada a españoles en el exterior, entre ellos los conocidos como nietos del exilio, que quieran regresar a España y se encuentren en situación de «vulnerabilidad económica».

Una asignación directa que el Gobierno quiere recuperar tras paralizarse en 2020 y de la que podrán beneficiarse los nietos de exiliados o descendientes de emigrantes ya nacionalizados y con derecho a voto.

Cabe recordar que la ley permite el acceso a la nacionalidad no únicamente a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil o la dictadura, pues una instrucción de 2022 permitió una interpretación más amplia para amparar a cualquier descendiente de emigrante.