El Gobierno da el primer paso para indultar al condenado García Ortiz y pide al Supremo que emita un informe

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ya ha activado la maquinaria para indultar al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por el delito de revelación de secretos. El Ejecutivo ha comenzado los trámites y se ha dirigido al Tribunal Supremo, que le condenó, para que este órgano emita un informe sobre esa solicitud.

Se trata de una petición de indulto que han realizado dos particulares y que Justicia, una vez recibida, ha trasladado al Supremo para que muestre su parecer. La solicitud de indultos por particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Las peticiones deben ser sometidas a informe del tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, la que juzgó a García Ortiz, debiendo ser oída también la Fiscalía y la parte agraviada.

En caso de prosperar esta iniciativa, que ha sido adelantada por El País, la concesión del indulto compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, que es quien tiene la última palabra, y debe acordarse por real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. García Ortiz fue condenado el pasado diciembre a una pena de inhabilitación de dos años, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros por daños morales.

El Supremo le condenó por revelación de secretos contra Alberto González Amador -novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-, atribuyéndole la filtración a medios de comunicación del ‘email’ donde el empresario se ofrecía a confesar y la posterior publicación de una nota de prensa que lo mencionaba.

Según la Sala de lo Penal, fue García Ortiz o «una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento» quien filtró la noche del 13 de marzo de 2024 a la Ser el correo electrónico enviado el 2 de febrero de ese año por el abogado de González Amador a Fiscalía para ofrecer que su cliente reconociera los dos delitos fiscales por los que se le investigaba a cambio de eludir la cárcel.

La sentencia fue respaldada por cinco de los siete magistrados del tribunal que le juzgó, si bien recibió dos votos particulares de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, quienes trasladaron su «discrepancia absoluta» con la condena al considerar que solo había meras sospechas y que, por tanto, García Ortiz debió ser absuelto.

García Ortiz presentó un incidente de nulidad, que está pendiente de resolución, contra la sentencia, en el que defiende su inocencia y la «credibilidad» de la Fiscalía frente a «ataques».