El Gobierno aprueba la regularización masiva: «Sin inmigrantes más de 90.000 bares desaparecerían»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha alegado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que «sin inmigrantes, más de 90.000 bares desaparecerían».

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha justificado la regularización masiva presentando una serie de consecuencias previstas por el Gobierno en caso de que haya una reducción de la inmigración del 30%.

Por un lado, ha asegurado que el producto interior bruto (PIB) se reduciría un 22% y se perderían cerca de 15 millones de habitantes en el país.

Además, el Gobierno ha asegurado que se establecerá un «plan operativo a la altura». Por un lado, ofrecerá una vía telemática para tramitar su regularización que estará disponible «24 horas al día, 7 días a la semana», como ha detallado la ministra.

La otra opción será acudir presencialmente, para lo que es necesario contar con cita previa. Las más de 450 oficinas que se pondrán a disposición de la regularización de inmigrantes empezarán a recibir a los interesados a partir del próximo lunes, 20 de abril.

Sin embargo, Saiz ha pedido la «colaboración ciudadana y mediática» para expresar que «no serán todas las oficinas y no en cualquier horario» las que estarán habilitadas para este fin.

Por otro lado, también ha insistido en que se ha «dimensionado un plan operativo» a la altura de las peticiones que se esperan, cuyo número no han detallado. Para ello, se han contratado «550 profesionales extra para atender a las personas, resolver autorizaciones».

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La portavoz del Gobierno ha recordado que los requisitos para poder solicitar la regularización son la presencia en el territorio antes del 1 de enero de 2026 durante al menos cinco meses, no contar antecedentes penales ni ser una «amenaza para el orden público».

Para evidenciar su presencia en España durante el tiempo indicado, el interesado deberá «acreditar con cualquier documento público, privado o combinación de ambos y que sea verificable» su estancia en el país. Esos documentos deberán ser «nominativos y especificar una fecha para resultar válidos».

Saiz ha concluido asegurando que la «prosperidad está unida a la aportación de los extranjeros». «El 43% del empleo creado corresponde a trabajadores extranjeros», ha detallado, para añadir que «es un acto de coherencia ética». «Un país que concede derechos en lugar de recortarlos es un país mejor», ha aseverado la ministra de Migraciones.

Regularización masiva

La administración socialista ha puesto en marcha la legalización de los extranjeros en esa situación administrativa, lo que afectaría a aquellos extranjeros en situación irregular que pudieran demostrar su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Sánchez la ha justificado este martes a través de una carta compartida en sus redes sociales. El líder socialista ha asegurado que «la economía española es hoy la que más crece en Europa y la que más oportunidades de empleo crea» gracias al «dinamismo de las personas migrantes». Algo que, según el presidente, redundará positivamente en «quienes vienen de fuera y para quienes nacieron aquí».

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El dirigente socialista ha detallado que esta decisión es un «acto de normalización» que reconoce la realidad de «casi medio millón de personas que ya forman parte» de la vida cotidiana. También cree que es «de justicia con nuestra historia» porque la modernización de España considera que se hizo con remesas de los españoles que emigraron a América y Europa.

Según las primeras estimaciones del Gobierno, cerca de medio millón de personas. Sin embargo, una institución independiente como la AIReF advirtió que «a lo mejor se está más cerca de las 800.000». Una cifra que va en la misma línea de los cálculos que hizo la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). Según esta institución, la cifra de extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular «podría haber alcanzado, a 1 de enero de 2025, la de 840.000». «Representaría el 17,2 % de la población extranjera procedente de países no comunitarios», subrayaba este ente independiente.