El Gobierno se aprovechará de las obras de ayuntamientos y comunidades para llevar fibra óptica sin gastar en subvenciones

• Pablo Romero-Salazar
• Periodista. Cubriendo la Comunidad de Madrid.
• • 07/08/2026 05:45
  • Actualizado: 07/08/2026 05:45

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, liderado por Óscar López, ha sometido a audiencia pública el 5 de agosto la orden ministerial que regulará el Punto de Información Único (PIU), una plataforma digital que permitirá a las operadoras de telecomunicaciones aprovechar gratis las obras públicas que ya pagan los ayuntamientos y las comunidades autónomas para tender su propia red de fibra óptica.

El mecanismo es sencillo: cuando un ayuntamiento o una comunidad autónoma financia una obra civil —abrir una calle, renovar una acera, sanear una tubería—, esa información quedará volcada en el PIU con su ubicación exacta, sus fechas de inicio y su duración. Las operadoras podrán consultarla y decidir meter su cable de fibra aprovechando la misma zanja, sin tener que excavar ni pagar ellas la obra.

Hasta ahora, el Gobierno ha impulsado el despliegue de fibra y 5G sobre todo a través de subvenciones directas a las operadoras, como el programa UNICO, financiado con fondos Next Generation EU, que ha repartido cientos de millones de euros entre las principales compañías del sector para llevar conectividad a zonas rurales o poco rentables. Con el PIU, en cambio, el Estado no pone un euro: se limita a poner en contacto a las telecos con las obras que ya financian otras administraciones, trasladando el coste real del despliegue al presupuesto municipal o autonómico.

El nuevo portal obligará a volcar en la plataforma la ubicación georreferenciada de infraestructuras físicas —tuberías, mástiles, conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección y distribuidores— y el detalle de las obras civiles financiadas con recursos públicos.

Estarán obligados a alimentar el sistema los operadores de telecomunicaciones, gas, electricidad, calefacción y agua, los operadores de transporte y las propias administraciones públicas. Los municipios de menos de 50.000 habitantes que no puedan asumir la gestión tendrán que delegarla en su diputación provincial o en su comunidad autónoma.

El acceso a la información no será abierto a cualquier ciudadano: solo podrán consultarla las operadoras que presenten una solicitud motivada para un despliegue concreto en un lugar y momento determinados.

El PIU nace de una obligación europea, el Reglamento (UE) 2024/1309, que exige a todos los Estados miembros disponer de este tipo de plataformas desde el pasado 12 de noviembre de 2025. España llega con casi un año de retraso: la norma que lo regulará en el caso español todavía está en fase de borrador, con la audiencia pública abierta hasta el 4 de septiembre, y los sujetos obligados dispondrán después de tres meses adicionales para empezar a incorporar sus datos al sistema.

El Departamento ha justificado la medida como una herramienta «esencial» para aumentar la transparencia, reducir los costes del despliegue y optimizar el uso de las infraestructuras ya existentes en un país donde la cobertura de redes de muy alta capacidad ya es, según sus propios datos, de las más elevadas de Europa.