El Gobierno acelera la nacionalización de 1,3 millones de ‘nietos del exilio’ para que voten en las generales
La digitalización de los consulados permitirá agilizar los expedientes ahora atascados
El Gobierno ha implantado un sistema digital en los consulados que permitirá agilizar las solicitudes de nacionalidad en virtud de la autodenominada Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, aprobada en 2022 gracias al apoyo de Bildu.
Se estima que el número total de solicitudes de nacionalidad alcance los 2,3 millones. Un millón de expedientes ya están iniciados, de los cuales, medio millón se ha resuelto con la concesión de la nacionalidad. Además, 1,3 millones de personas han solicitado la cita para presentar la documentación, pero el colapso burocrático les ha impedido iniciar los trámites.
El nuevo sistema, DICIREG, supondrá la «plena digitalización» de la tramitación de los expedientes. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, del Ministerio de la Presidencia, ha emitido una instrucción para informar a las oficinas consulares de la digitalización del Registro Civil y los trámites a efectuar a partir de ahora.
En alusión a las citadas nacionalizaciones, se señala que el Ministerio de Exteriores podrá adoptar las «medidas organizativas» que considere «entre oficinas consulares del mismo país para facilitar la tramitación y resolución de los expedientes de opción a la nacionalidad española», al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
Esta ley reconoce el derecho a reclamar la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originariamente españoles y que, al sufrir exilio «por razones políticas, ideológicas, creencia u orientación e identidad sexual» hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.
También se incluye a los nacidos en el exterior de madres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución y los hijos mayores de edad de aquellos a quienes se reconoció la nacionalidad de origen por la ley de 2007.
El Gobierno tuvo que ampliar el plazo para presentar las solicitudes debido al embrollo burocrático, y el propio ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres reconoció que los trámites administrativos no estaban «siendo fáciles».
Regularización masiva
Este mecanismo de nacionalizaciones se suma a la polémica regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno, vía real decreto –sin control del Congreso–, de la que se beneficiará más de medio millón de personas extranjeras. Las condiciones para acceder a la regularización son mínimas: llevar cinco meses viviendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. Además, se permitirá la reagrupación familiar, lo que incrementa el número de extranjeros que se verán beneficiados.
Estos inmigrantes regularizados podrán después solicitar la nacionalidad española. La norma general es que los extranjeros que residan legalmente en España pueden acceder a la nacionalidad en el plazo de diez años. Pero existen varios casos en los que este período de residencia se reduce: cinco años en el caso de las personas que hayan obtenido la condición de refugiado y sólo dos para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. Sólo será necesario un año para el que ya haya nacido en territorio español.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió la semana pasada que con esta medida, además de la Ley de Nietos, el Gobierno intenta ampliar el censo electoral por la puerta de atrás.
A ello hay que sumar los extranjeros que tienen derecho a voto en las elecciones municipales. Se trata de aquellos que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea; y aquellas personas extranjeras, mayores de 18 años, residentes en España, cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en función a un acuerdo de reciprocidad de voto en elecciones municipales. Para votar en las municipales, eso sí, se requieren cinco años de residencia legal en España.
Los países con acuerdos de reciprocidad de voto son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Los ciudadanos de la UE que desean votar en las municipales deben estar inscritos en el padrón.
Feijóo ha avisado a Sánchez que la decisión de regularizar masivamente a los inmigrantes «va contra la política europea pactada entre los Estados miembros».
«Si usted quiere hablar de inmigración irregular, llévelo al Congreso, que se debata en el Congreso y que se vote. Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la Ley de Nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de más de 800.000 personas», destacó el líder del PP.
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