Ayuntamiento de Alcorcón

La gestión del PSOE en Alcorcón deja sin vivienda a 80 ancianos

La localidad madrileña de Alcorcón vive el drama de casi un centenar de familias con ancianos que se van a quedar sin la vivienda en la que habitan por la mala gestión del PSOE en anteriores mandatos.

Algunos de los afectados por el Plan Permuta del PSOE. (Foto. Podemos)
Algunos de los afectados por el Plan Permuta del PSOE. (Foto. Podemos)

Más de 80 familias de Alcorcón van a perder la casa en la que viven por la mala gestión de la corporación socialista en legislaturas pasadas. Tal como critica el PP, se da la circunstancia de que la portavoz socialista en el municipio, Natalia de Andrés, ha reprobado al actual Gobierno del PP por su propia gestión en una empresa municipal en anteriores mandatos.

«De Andrés ha protagonizado una de sus actuaciones más vergonzosas: en lugar de dimitir por la petición de 5 años de inhabilitación que le ha hecho la Fiscalía por su responsabilidad en la gestión de EMGIASA, ha tenido la desfachatez de reprobar al actual Gobierno del Partido Popular por su gestión en dicha empresa», lamentan los ‘populares’.

La empresa municipal EMGIASA se encuentra en estado de liquidación a causa de los errores del PSOE. La compañía acabó en quiebra al acumular  una deuda de 333 millones de euros, provocando al Ayuntamiento un grave perjuicio económico. El ayuntamiento tuvo que abonar 53.000.000 euros como consecuencia de las sentencias judiciales que elevaron el justiprecio por las expropiaciones del Ensanche Sur.

Además de esta cantidad, el ayuntamiento ha perdido 15 millones de euros que tuvo que devolver a EMGIASA por el cobro indebido de dividendos. A lo que hay que sumar otros 15 millones que se perdieron otro ejercicio que nunca se llegó a hacer efectivo por decisión judicial.

Por esta gestión al frente de EMGIASA, a la portavoz socialista Natalia de Andrés el fiscal le pide 5 años de inhabilitación. Sin embargo, frente a la tesis del PP de que debería dimitir ha encabezado las protestas por la gestión de la actual corporación.

Ahora, la actual administración concursal de la empresa reclama a estas familias las viviendas en base al auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 «que acuerda una modificación puntual del Plan de Liquidación (…) en la que dice que se debe proceder a la venta de los inmuebles sujetos al denominado Plan Permuta», según el documento consultado por OKDIARIO.

Fotos de PSOE y Podemos

En los últimos días, PSOE y Podemos ha llevado a primeros espadas a la localidad del sur de Madrid para hacerse la foto con los afectados. Por los socialistas ha estado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha calificado de «preocupante» la situación de estos mayores tras el ‘Plan Permuta’.

«Son decenas de familias de ancianos puedan ser expulsados de sus domicilios, de sus casas», una situación «preocupante porque son personas especialmente vulnerables y estamos aquí para interesarnos por lo que está sucediendo».

Por Podemos este lunes han acudido la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, y el candidato de Podemos al Congreso de los Diputados Rafa Mayoral junto con el líder local, Jesús Santos. Han calificado de «vergüerza absoluta e irresponsabilidad» la situación.

Ambos partidos llevarán al próximo Pleno municipal una moción conjunta para que el Ayuntamiento asuma todas las viviendas adaptadas del Plan Permuta «en las condiciones contractuales existentes».

«Nadie quedará en la calle»

Sobre esta cuestión, fuentes municipales aseguran en que ninguna de las personas incluidas en el Plan Permuta se quedaría en la calle, bien sea porque opten por comprar la vivienda pública que habitan, «siempre por debajo del precio del mercado», o bien por recuperar su piso en propiedad, «que le sería devuelto en el estado original y libre de cargas», que son las dos opciones que se les presenta. Ambas con compensación económica por perder el carácter vitalicio del acuerdo.

Además, incidieron en que se les va a atender personalmente y que ya habían hablado «con el 80 % de ellos, 60 de los 83 afectados por la sentencia»; que por parte del Consistorio se había pedido unas aclaraciones al auto «para proteger la situación de estas personas»; y que «se tomarán acuerdos ad hoc, personalizados».

También, añadieron que habían puesto a su disposición todos los servicios jurídicos, así como la atención de Servicios Sociales «para cualquier duda y asesoramiento», además de ofrecer una reunión personal con todos ellos.

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