García Ortiz impide a los fiscales anticorrupción debatir sobre el proyecto que les quita competencias

El fiscal general del Estado imputado, Álvaro García Ortiz, ha amordazado a los fiscales anticorrupción y les ha impedido organizar un debate interno sobre las dos nuevas fiscalías de Sala que amenaza a Anticorrupción y les quitarán competencias. Tal como ha podido saber OKDIARIO, 15 fiscales del área especializada en delitos de cuello blanco liderada por Álvaro Luzón pidieron una reunión al más alto nivel sobre el tema. Se les denegó. Tras ello, cinco fiscales anticorrupción han elevado un recurso de alzada que también ha sido denegado.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado 29 de octubre la creación de dos nuevas fiscalías de Sala que dependerán directamente del fiscal general del Estado. Todo ello en medio de una fuerte controversia interna por el control del Ministerio Público por parte del ex miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). El pesar en la carrera fiscal es doble por la imputación del fiscal general por revelación de secretos por parte del Supremo y porque en todas las causas que tienen relación con el Gobierno la Fiscalía maniobra para tratar de archivar los casos. Inicialmente vio delito en el caso del hermano de Sánchez pero ahí también ha dado un giro y ahora pide cerrar el procedimiento.

Las nuevas fiscalías, creadas a petición de García Ortiz y anunciadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras el Consejo de Ministros, ha provocado el rechazo frontal de buena parte de la carrera fiscal y del Consejo Fiscal, especialmente por la nueva Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, que según denuncian entrará en conflicto directo con las competencias de la actual Fiscalía Anticorrupción.

De los 12 miembros del Consejo Fiscal, siete ya se opusieron al decreto que crea estas nuevas unidades. Seis de estos vocales pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF) y el séptimo a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Los fiscales argumentan que si el objetivo es reforzar la lucha contra la corrupción, sería más efectivo dotar de más medios a la actual Fiscalía Anticorrupción en lugar de crear estructuras paralelas.

La polémica se agrava por el momento en que se produce la reforma, con García Ortiz imputado en el Supremo. Como señaló el fiscal Salvador Viada en su voto particular contra la medida: «La Fiscalía General del Estado ha tenido que actuar defendiendo la irrelevancia penal de una conducta del propio jefe del Ministerio Fiscal, que se mantiene en el cargo, pendiente de que se resuelva por la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo».

En este contexto, García Ortiz tenía la oportunidad de sentarse con los fiscales críticos para exponer su plan y descartar suposiciones. Tenía la opción de estimar el recurso de alzada para exponer con transparencia la situación. Sin embargo, opta de nuevo por atrincherarse y no dar la cara a nivel interno. Los fiscales anticorrupción solicitaban un debate interno sobre la reorganización de recursos porque creen que a la postre se debilitará la independencia de la Fiscalía Anticorrupción al crear una estructura paralela.

El ministro Bolaños defiende, por el contrario, que la reforma servirá para «reforzar y especializar» la carrera fiscal y para «mejorar la eficacia en la respuesta penal frente a hechos delictivos que socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas».

La medida forma parte de un plan más amplio que incluye la creación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, con el que el Gobierno dice pretender levantar un «pilar institucional en la prevención y la lucha contra el fraude en la corrupción».

El decreto supone la creación de 79 nuevas plazas en la carrera fiscal, de las cuales seis se destinarán a estas dos nuevas unidades. Sin embargo, el sector crítico del Consejo Fiscal considera que esta ampliación debería haberse destinado a reforzar las estructuras ya existentes, especialmente la Fiscalía Anticorrupción, en lugar de crear nuevos órganos que podrían generar conflictos de competencias. Algunos fiscales ven que es la constatación de que Anticorrupción ha fracasado en su propósito de atajar la corrupción de forma masiva. Otros, por el contrario, no son tan pesimistas y ven que García Ortiz les quiere desdibujar por su eficacia.

La decisión llega en un momento especialmente delicado para la Fiscalía General del Estado, con su máximo responsable imputado y en medio de importantes investigaciones sobre corrupción ligadas al Gobierno, como el caso Koldo o la trama de hidrocarburos, en ambos casos está el fiscal anticorrupción Luis Pastor al frente de las pesquisas.