La foto que retrata a Sánchez: su socia bilduetarra Aizpurua sentada con terroristas de ETA en 2001
Sánchez dará información secreta a una condenada por ensalzar a ETA y que señalaba a sus objetivos
Sánchez rompe otro pacto de Estado: 6 de los 10 diputados que accederán al CNI atacan la Constitución
Los proetarras de Bildu salvan otra vez a Sánchez: apoyan el decreto económico anti-guerra
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sacó adelante el pasado jueves su decreto de medidas económicas frente a la guerra de Ucrania gracias a los cincos diputados de Bildu, convirtiendo a la formación proetarra en socio preferente ante la incertidumbre de ERC y el desprecio a la oposición.
El salvavidas del Ejecutivo de PSOE y Podemos lo encarna a estas alturas de la legislatura la marca heredera del brazo político de ETA. Tanto es así que su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, compartió mesa en 2001 con dos terroristas encapuchados de la banda cuando era directora del diario Gara. Previamente, también trabajó como editorialista de Egin, cuyas páginas señalaban objetivos de la banda.
Esa imagen, la de su encuentro con dos jefes de ETA a modo de entrevista para hacer de altavoz de la banda es la que más retrata en este momento la traición de Sánchez al pacto constitucional y a las víctimas del terrorismo. Además, por si fuera poco, y a cambio del apoyo al decreto económico, Sánchez ha metido en la Comisión de Secretos Oficiales por primera vez en Democracia a los batasunos, que tendrán ahora acceso a información confidencial del CNI. Esto último se ha producido tras una maniobra impulsada por el Gobierno y perpetrada por la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, rebajando la mayoría de tres quintos (210) para la elección de los miembros de dicha Comisión a una mayoría absoluta (176).
A raíz de aparecer aquella entrevista con ETA en el diario Gara del 7 de junio de 2001, el fiscal Pedro Rubira presentó una querella contra ambos directores por los delitos de amenazas terroristas y justificación del terrorismo, que después amplió con el de colaboración con banda armada al imputarles el delito de inducción al asesinato del concejal de UPN en Leiza José Javier Múgica, al que ETA mató días después de la publicación.
El fiscal subrayó que una de las preguntas formuladas por los entrevistadores sugería un posible objetivo a ETA. El texto decía así: «Por poner un ejemplo, si un grupo de concejales de UPN hiciera un gesto y pidiera a su ejecutiva que traigan a Euskal Herria a los presos de Nafarroa, ¿Eso supondría que dejarían de ser objetivo de ETA?». Los terroristas respondieron: «Si la pregunta es si ETA haría una distinción entre un concejal o responsables de UPN que muestre una actitud clara y pública en defensa de una solución democrática al conflicto y entre un concejal o responsable de UPN que defienda mantener el conflicto en un estado actual, la respuesta es sí». El 14 de julio, ETA asesinó con una bomba lapa a José Javier Múgica, edil de UPN en el Ayuntamiento de Leiza (Navarra), tras la pregunta de Aizpurua y Otamendi remarcada por el fiscal.
El entonces juez instructor Baltasar Garzón se negó a imputar a los dos directores -sólo los citó inicialmente como testigos- y centró la investigación en averiguar quiénes eran los dos encapuchados. Sin embargo, a partir de los recursos presentados por el fiscal, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón al Ministerio Público contra el criterio de Garzón y ordenó la imputación de los dos directores.
Quemó las cintas
La hoy portavoz de Bildu nunca llegó a revelar la identidad de los dos etarras y declaró que ella y Martxelo Otamendi, director de Egunkaria que le acompañó, quemaron las cintas de la grabación. Tampoco dieron detalle alguno del lugar en que se produjo la entrevista, aunque sí deslizaron que fue fuera de España. Además, se acogieron al «secreto profesional» para no responder a determinadas preguntas. Con todo, Garzón rechazó el ingreso en prisión de ambos que pidió la Fiscalía tras su declaración como imputados, basándose el instructor en la «libertad de expresión».
Previamente, siendo directora técnica de la revista Punto y Hora de Euskal Herria, Aizpurua fue condenada en 1984 por la Audiencia Nacional a un año de prisión, con suspensión de profesión durante el mismo tiempo, como autora de un delito de apología del terrorismo. El motivo fue la exaltación de ETA con la publicación en septiembre de 1983 de un editorial titulado «Por los gudaris (soldados vascos) de ayer y de hoy» y una entrevista con el hermano de un etarra fallecido mientras manipulaba un artefacto explosivo en la localidad navarra de Tafalla.
Más recientemente, en 2019, año en que Aizpurua se convirtió en diputada de Bildu, la dirigente proetarra publicó el libro Argala. Pensamiento en acción, una biografía que exalta la figura de José Miguel Beñaran, Argala, ideólogo de la organización terrorista ETA.
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