La Fiscalía de Medio Ambiente pone las casas prefabricadas en el punto de mira

El fiscal de Sala coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha remitido un decreto a la red de fiscales especialistas para que investiguen si existe un supuesto «vacío legal» ante la alerta del incremento en los últimos años de la oferta inmobiliaria de casas móviles listas para ser instaladas en cualquier espacio abierto.

El fiscal de Sala destaca que el negocio de las viviendas prefabricadas ha alcanzado «grandes proporciones e ingentes ganancias», en especial durante la pandemia del coronavirus, que ha motivado, según añade, «la búsqueda de espacios al aire libre». Aunque precisa que el «tema no es nuevo», Vercher asegura que «está adquiriendo proporciones difíciles de calibrar en este momento» y es uno de los asuntos «más preocupantes» en materia urbanística.

Vercher insta a los fiscales en su decreto, fechado el pasado lunes, a que realicen en sus respectivos territorios las investigaciones oportunas a los efectos del uso de la acción penal, con el objetivo de unificar criterios y después de que la Fiscalía haya analizado informaciones publicada por los medios de comunicación que hablan de un «vacío legal», «dejándole al consumidor la decisión sobre la conveniencia de aprovecharlo».

Aunque Vercher no estima la existencia del supuesto vacío legal en el decreto emitido sí analiza la actual normativa vigente, así como los pronunciamientos coincidentes de diferentes tribunales que han sido compartidos por diversas sentencias del Tribunal Supremo.

El fiscal de Sala explica que, en el ámbito contencioso-administrativo, los tribunales han manifestado en reiteradas ocasiones que «las viviendas prefabricadas están sujetas a licencia urbanística de obras y a posterior control», así como que los jueces han rechazado equiparar una vivienda prefabricada con una caravana.

Según Vercher, esa posición es coherente con la jurisprudencia que considera que toda estructura habitacional requiere licencia con independencia de su sistema de fijación, «a pesar de que en muchas ocasiones los usuarios de casas prefabricadas no las emplazan con las correspondientes conexiones de agua, electricidad y otros, con el único fin de sortear la aplicación de ese criterio de permanencia».

La Fiscalía de Medio Ambiente señala que los tribunales penales han continuado con ese criterio con posterioridad y entienden «la vocación de permanencia como el elemento determinante para poder integrar el tipo penal del artículo 319 del Código Penal, determinadas instalaciones de naturaleza controvertida».

El mercado de las casas prefabricadas ha experimentado, según datos de la Plataforma de Edificación Passivhausha un crecimiento de un 30% a un 60% en nuestro país desde la pandemia. A pesar de este exponencial crecimiento, las viviendas prefabricadas representan el 1% sobre total de casas construidas, frente al 9%, de los Países Bajos o el 50% alemán.

El coste de una vivienda prefabricada, según datos ofrecidos por el portal inmobiliario Idealista, oscila entre los 1.000 € y los 1.400 € por metro cuadrado, a los que habría que añadir los costes del suelo y licencias, aproximadamente un 30% de ahorro sobre la vivienda tradicional. Aunque como en todo, cada caso es, sino un mundo, una casa.