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Tribunales

Los fiscales que acusan a García Ortiz piden 6 años de cárcel para él y suspensión de empleo y sueldo

Por revelación de secretos, prevaricación administrativa e infidelidad en la custodia de documentos públicos

Reclama cuatro años de cárcel para la fiscal jefe provincial de Madrid

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) reclama seis años de cárcel y 12 de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso de revelación de secretos respecto a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le imputa un delito de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal), en concurso con un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197. 2 y 3, y 198), así como un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos públicos (artículo 417. 1 y 2).

Para la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pide cuatro años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta. La APIF, que ejercita la acusación popular en esta causa, ha presentado este jueves ante el Tribunal Supremo (TS) su escrito de acusación contra ambos, en el que también pide que se dirija oficio a la Fiscalía General del Estado para que suspenda de empleo y sueldo a los dos acusados, de conformidad con el artículo 145 del Real Decreto 305/2022, tras el dictado del auto de apertura de juicio oral.

En su escrito denuncia que García Ortiz y Pilar Rodríguez «se prevalieron de su condición de fiscales de máxima autoridad para perseguir objetivos puramente privados y políticos». «Utilizaron los mecanismos que tenían a su disposición para conseguir irregularmente y revelar ilícitamente datos confidenciales de un particular anónimo con la única meta de ganar un relato”, condena, y lamenta que con  semejante actuar han «degradado de forma absoluta la percepción social de la Fiscalía como organismo constitucional».

La APIF destaca que el modo a través del que García Ortiz y Pilar Rodríguez consiguieron los correos que posteriormente se filtraron «fue a todas luces irregular, siendo ambos perfectamente conscientes de ello» y que para lograr esta información confidencial, «se valieron del mecanismo de la dación de cuentas» sin que existiera una causa jurídica que justificase objetivamente el requerimiento de los correos reservados y «vulnerando flagrantemente las formalidades más básicas que exige este procedimiento y en contradicción abierta con el Estatuto». Hace hincapié en que ambos acusados «conocían que su actuar era irregular» y, aun así, decidieron obrar de este modo.

Para la persecución de estos hechos presentaron sendas querellas tanto González Amador, en marzo de 2024, como el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en abril de ese año. El pasado 9 de junio, el Tribunal Supremo  procesó al fiscal general y a la fiscal jefe provincial de Madrid. Como ha informado OKDIARIO, García Ortiz tendrá que suspender en el cargo a Pilar Rodríguez, tras abrir el Supremo auto de procesamiento contra ella por delito de revelación de secretos, mientras que él, que también está procesado por el mismo delito y en la misma causa, se atrinchera en el puesto, algo totalmente inaudito.

La APIF señala en su escrito de acusación que con anterioridad a los hechos de esta causa, «en reiteradas ocasiones», el autodenominado «Equipo Fortuny”, del que formaban parte, entre otros, Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez Fernández, «ya había filtrado deliberadamente información confidencial a medios de comunicación», de lo que se tuvo conocimiento por el análisis del teléfono de la acusada, tal y como figura en el informe de la UCO de 21 de noviembre de 2024 relativo al contenido de su terminal.

El escrito, al detalle

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales relata en su escrito de acusación, articulado por los abogados Juan Antonio Frago Amada y Verónica Suárez García, que el 2 de febrero de 2024, a las 12:45 horas, Carlos Neira Herrera, abogado de González Amador, envió un correo electrónico a la Fiscalía de delitos económicos de Madrid comunicando la voluntad de alcanzar una conformidad penal,  poniendo en copia a la fiscal delegada de delitos económicos de Madrid, Virna Alonso Fernández.

Destaca que aquel mismo día, a las 13:23 horas, desde la cuenta de la Fiscalía de delitos económicos de Madrid, dicho correo se reenvió a Julián Salto Torres, el fiscal designado para llevar este asunto. Tales correos electrónicos, en especial los del 2 de febrero, recogían las conversaciones privadas mantenidas entre un letrado y el fiscal encargado del caso y contenían «información sensible y datos personales de un ciudadano anónimo», Alberto González Amador, por lo que estaban «sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía, lo que impedía terminantemente proceder a su divulgación sin el conocimiento y el consentimiento del interesado».

Tras publicarse el 13 de marzo que la Fiscalía ofreció un pacto a la pareja de Ayuso para que admita dos delitos fiscales, el fiscal general y la fiscal jefe provincial de Madrid, «a instancias» de García Ortíz, con la intención de «ganar el relato», iniciaron un intercambio frenético de comunicaciones.

Aquella noche, el fiscal general solicitó a Pilar Rodríguez que le «requiriera de forma inmediata Julián Salto Torres el reenvió de los correos electrónicos que hubiera intercambiado con Carlos Neira Herrera en relación con el asunto que afectaba a Alberto González Amador». De esta manera, y «con la finalidad de apoderarse de datos que no estaban a disposición de ninguno de los acusados, se dictó dicha orden verbal» por parte del fiscal general, «nunca discutida e incluso con alegría apoyada por la acusada, manifiestamente ilegal y con manifiesto desprecio a todo cauce o tramitación administrativa y prevaliéndose de la superioridad jerárquica manifiesta sobre el fiscal Julián Salto Torres, que acabó acatando la orden», denuncia la APIF en el escrito.

Añade que justo después de esta llamada, Pilar Rodríguez llamó a Julián Salto en dos ocasiones (el 13 de marzo a las 21:39 horas y a las 21:43) «para ordenarle que le remitiese inmediatamente todos los correos electrónicos que tuviera con Carlos Neira Herrera».  Cumpliendo con dicha orden, Salto Torres aquel 13 de marzo, a las 21:54 horas, envió a la fiscal jefe provincial de Madrid, así como a Almudena Lastra de Inés el correo electrónico del 2 de febrero en el que el abogado de la pareja de la presidenta madrileña comunicaba la voluntad de alcanzar una conformidad penal y reconocía íntegramente los hechos y también la cadena de emails.

Entonces, Pilar Rodríguez Fernández, «que, aprovechando su condición» de fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid había obtenido «unos correos que de otro modo no habrían llegado a su poder», preguntó a García Ortiz «a qué dirección quería que se los remitiera, indicando éste su cuenta personal» de gmail, «tratando así de evitar que, de manera oficial, pudiera constar que había recibido los correos electrónicos citados».

En consecuencia, Rodríguez, «consciente de que tales intercambios serían posteriormente filtrados a la prensa», reenvió a dicha dirección el correo del 13 de marzo, el del 2 de febrero y la cadena de emails. Por aquél entonces, el contenido de los correos intercambiados entre Carlos Neira y Julián Salto «seguía siendo reservado, pues su contenido no se había difundido públicamente en ningún medio de comunicación», apunta.

Así, la APIF subraya que Álvaro García Ortiz, quien, «aprovechando su condición de fiscal general del Estado, había obtenido unos correos que de otro modo no habrían llegado a su poder, los filtró deliberadamente al periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos Peñaroja con la intención de que este los publicara y difundiera, pese a conocer perfectamente, especialmente por su condición de fiscal de carrera, el carácter reservado de dichas comunicaciones». Posteriormente, el citado periodista hizo público el contenido con un avance en el programa Hora 25 de la Cadena Ser y luego de forma definitiva, el 13 de marzo, en un artículo publicado en la Cadena Ser.

El documento objeto de la filtración fue publicado por primera vez de manera completa en las primeras horas del día 14 por El Plural «a fin de que pudiera ser utilizado políticamente por el Gobierno», que lo tenía «al menos desde alrededor de las 8 de la mañana, tanto en el Congreso de los Diputados como en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, lo que incrementó los perjuicios sufridos por la víctima del delito», prosigue relatando esta asociación de fiscales.

Añade que posteriormente, «tal y como había adelantado Miguel Ángel Campos, inmediatamente después de que el periodista hiciera las revelaciones, Álvaro García Ortiz, con la documentación que previamente le había trasladado Pilar Rodríguez, «se puso en marcha para ir confeccionado el referido comunicado» de la Fiscalía. «Cuando terminó el borrador, se lo remitió a Pilar Rodríguez para que diera el visto bueno en cuanto al fondo» y ésta, tras leer el texto, dio luz verde, «sin la cual el comunicado no habría visto la luz», resalta la APIF. Finalmente, la nota fue difundida con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la que ella era jefa, el 14 de marzo de 2024 sobre las 10:20 horas.

Perjudicado gravemente el novio de Ayuso

Esta acusación ejercitada por fiscales denuncia en su escrito que la filtración del correo de 2 de febrero de 2024 generó una serie de «efectos lesivos adicionales»: «Afectó notablemente a la reputación» de Alberto González Amador, ya que, a raíz de la divulgación de dicha información, en determinados medios y ámbitos «se le llamó defraudador o delincuente confeso, cuando todavía no había recaído ninguna sentencia condenatoria que así lo estableciera».

La APIF indica que estas afirmaciones han causado «un enorme quebranto a sus relaciones personales y sociales, lo que, a su vez, le ha generado perjuicios de índole económico». Y «mermó notablemente» sus derechos procesales. «Por causas absolutamente alegales, se le despojó de su derecho a un proceso con todas las garantías», critica, recalcando que la conformidad que, de forma legítima, pretendía tramitar de un modo confidencial, «se hizo pública injustificadamente, con la merma que eso supone para su derecho de defensa».

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Asimismo, hace hincapié en que todo este atropello «ha cuestionado notablemente el prestigio del Ministerio Fiscal como institución», cuando precisamente la Fiscalía tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y su actuar debe ajustarse a los principios de legalidad e imparcialidad.

Citación de testigos

En su escrito de acusación, la APIF reclama que en el juicio sean llamados a declarar como testigos Julián Salto Torres, Almudena Lastra; Miguel Ángel Campos Peñaroja; Íñigo Corral Lozano; Mar Hedo Cassinello; Diego Villafañe Díez; Juan Lobato Gandarias; Pilar Sánchez Acera; Angélica Rubio Cerezales, consejera de RTV; Santos Cerdán León; Francesc Vallés Vives; Eugenio Ribón Seisdedos, decano del ICAM; Carlos Neira Herrera; la fiscal de Sala Jefa Inspectora, María Antonia Sanz Gaite; y el delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal, Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez.

También a los agentes de la Guardia Civil que efectuaron la entrada y registro en el despacho de García Ortiz y en el de Pilar Rodríguez, y uno de los tres que efectuaron el volcado de los dispositivos pertenecientes al fiscal general.