Los fiscales imputados en la querella del novio de Ayuso confiesan que García Ortiz ordenó la filtración

La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto han testificado este jueves ante el magistrado que instruye la querella presentada por Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de revelación de secretos. Ambos han señalado que la orden de emitir la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid llegó del propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los dos fiscales han declarado en calidad de investigados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la causa que lidera el juez Francisco Goyena, en relación con la nota aclaratoria sobre las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta regional y el fiscal Salto sobre un presunto fraude fiscal.

Julián Salto, fiscal de la Sección de Delitos Económicos, fue el primero en declarar, respondiendo a las preguntas durante una hora y diez minutos. Después de un receso de diez minutos, declaró durante algo más de una hora Pilar Rodríguez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid. También ha estado en el TSJM Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, pero ella ya declaró hace unas semanas.

Los fiscales imputados, ella acompañado de un abogado del Estado y él del letrado privado Valeriano Herández-Tavera, han coincidido en responsabilizar al fiscal general del Estado de la orden de emitir la controvertida nota de prensa difundida el pasado 14 de marzo. Han defendido que actuaron bajo órdenes, dado que la Fiscalía es una institución jerarquizada, según fuentes jurídicas. En el mismo sentido, el propio fiscal general del Estado asumió verbalmente la responsabilidad de la difusión del comunicado oficial en un acto institucional el pasado 15 de abril y lo ratificó en un escrito dirigido al TSJM el pasado 10 de abril, en el que solicitaba que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo. El magistrado ha solicitado a las partes que se pronuncien, y todo indica que la causa podría acabar en manos del Supremo.

En su escrito, García Ortiz afirmó que la nota de prensa no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones «expresas y directas», por lo que, siendo él una persona aforada, el órgano competente sería el Tribunal Supremo.

Por su parte, la Sala Civil y Penal del TSJM ha rechazado en un auto este miércoles el recurso de apelación del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado contra la incoación de las diligencias, avalando que existen indicios suficientes para instruir la causa contra los fiscales.

El pasado 13 de junio, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, también testificó, declarando que recibió la orden directa del fiscal general del Estado para difundir la nota aclaratoria sobre las conversaciones entre letrado y fiscal. Pese a considerar incompatible difundir el documento con el deber de confidencialidad, cumplió con el artículo 25 del Estatuto Fiscal que establece que «el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones». Los tres fiscales se juegan su carrera. A la postre el Supremo podría sentenciarles un periodo de varios años de inhabilitación por este caso.

Por su parte, Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y acusación particular en esta causa, ha subrayado la importancia del secreto profesional en la abogacía y ha remarcado la firme postura del Colegio para que las infracciones a la confidencialidad sean tratadas con la máxima seriedad.

El magistrado del TSJM investiga quiénes tomaron la decisión de hacer público el comunicado de prensa y el máximo responsable de la carrera fiscal que aprobó o dio el visto bueno a dicha decisión. En las diligencias solicitadas, se pidió la relación y copia de todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal con el abogado de Alberto González Amador, antes y después de la publicación del comunicado.

En el auto de admisión de la querella, se destacó la necesidad de investigar el verdadero alcance de los hechos relatados, según el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para determinar todas las circunstancias que puedan influir en la calificación de los hechos, siempre que estos revistan carácter delictivo.