La fiscal pide al juez que investigue el coste que tuvo usar centros públicos el 1-O

La fiscal ha pedido al juez de Barcelona que investiga el 1-O que encargue un informe pericial, en el marco de sus pesquisas sobre un delito de malversación, para cuantificar el coste que supuso el uso de instalaciones públicas, como escuelas, para la celebración del referéndum.

Así lo solicita la fiscal en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, dirigido al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que mantiene imputadas a una cuarentena de personas, entre ellos varios ex altos cargos del Govern, por los preparativos del 1-O.

En su escrito, la fiscal apunta que uno de los costes del referéndum derivó del uso de edificios públicos para la celebración del 1-O, «destinándose dichas instalaciones para un uso ilegal».

Por este motivo, solicita al juez que ordene la elaboración de un informe pericial para poder cuantificar el coste económico que supuso para las arcas públicas el uso de las instalaciones públicas para la celebración del referéndum.

La fiscal también insta al juez a que encargue un informe pericial a técnicos del Ministerio de Hacienda para que determinen la cuantía total que fue empleada para la celebración del referéndum, detallando qué departamentos de la Generalitat aprobaron el gasto y con cargo a qué cuentas o partidas presupuestarias.

En su escrito, el ministerio público remarca que este informe debe relacionar toda la documentación presentada con motivo de las órdenes dadas desde el Ministerio de Hacienda a la Generalitat para el control de las cuentas y del gasto a lo largo de 2017 y 2018.

La Generalitat ha asegurado hasta ahora en todos los informes remitidos al juez que no ha incurrido en gastos públicos para la celebración del 1-O, si bien varios informes de la Guardia Civil cuantifican esta cifra en hasta 3,2 millones de euros.

Precisamente, sobre los encargos que hizo el Govern a la empresa postal Unipost supuestamente vinculados al 1-O, y que la Guardia Civil ha cifrado en cerca de un millón de euros, el juez ha pedido a la administración concursal de la compañía que detalle si la administración catalana ha abonado las cinco facturas sospechosas, según un auto al que ha tenido acceso Efe.

En concreto, se trata de una factura de 196.696 euros girada al departamento de Cultura, otra de 193.889 euros al departamento de Vicepresidencia, una de 192.711 euros al departamento de Salud, una de 197.492 a la consellería de Trabajo y una de 198.871 al departamento de Presidencia.