El ex alcalde de Valladolid León de la Riva al banquillo por prevaricación y falsedad documental

El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha decidido abrir juicio oral al ex alcalde de esa ciudad Javier León de la Riva por la supuesta autoría de delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental, cometidos al firmar tres cartas de conformidad sin seguir el procedimiento establecido.

Además, el Juzgado ha abierto juicio contra los ex concejales de Hacienda, Alfredo Blanco, y de Planificación, Infraestructuras y Movilidad, Manuel Sánchez, como supuestos autores de delitos de prevaricación administrativa, han informado fuentes municipales.

Las cartas de conformidad estaban vinculadas con el aval de préstamos concedidos a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para el soterramiento del ferrocarril.

«Continúese la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites de procedimiento abreviado, por si los hechos imputados» a Francisco Javier León de la Riva, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez «fueren constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa (en relación con los tres) y de falsedad documental (en relación únicamente con el primero)», dice la parte dispositiva del auto judicial.

La resolución del Juzgado explica que, de las actuaciones practicadas en la instrucción del caso, se desprende «indiciaria o provisionalmente» que en noviembre de 2002 el Ayuntamiento de Valladolid, entre otras entidades, firmó un convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid.

«Sin seguir el oportuno procedimiento administrativo»

Se constituyó entonces la Sociedad Alta Velocidad 2003, S.A., participada por los firmantes del acuerdo, entre ellos el consistorio en el veinticinco por ciento.

Por parte del Ayuntamiento, además del entonces alcalde, formaban parte también del Consejo de Administración de dicha Sociedad los que fueran ediles Alfredo Blanco y Manuel Sánchez.

Fue el 28 de julio de 2008 cuando el entonces regidor firmó, en el seno de dicha Sociedad, una carta de conformidad que avalaba un préstamo concedido a la Sociedad Alta Velocidad 2003 de doscientos millones de euros, en relación con la primera operación de financiación de obras de soterramiento del tren de alta velocidad.

La firma se llevó a cabo «sin seguir el oportuno procedimiento administrativo previsto para la aprobación del acto administrativo que constituía la firma del citado documento y ello a sabiendas de que efectivamente no se estaba siguiendo el oportuno trámite», considera el auto.