La empresa de Cerdán alegó «buena implantación en Navarra» para dar un pelotazo cuando sólo tenía 12 días

Un reciente informe de la Guardia Civil destaca que Servinabar, la empresa de Antxón Alonso y el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, presumía de «buena implantación» en Navarra apenas doce días después de su constitución. El análisis policial revela una densa red de contratos de Acciona Construcción con el Ministerio de Transportes durante el período que investiga la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

La mercantil Servinabar 2000 SL, constituida el 4 de septiembre de 2015, firmó un Acuerdo Marco de Colaboración Empresarial con Acciona Infraestructuras el 16 de septiembre de ese mismo año. El documento, rubricado por Antxón y Justo Vicente Pelegrini –otro de los imputados– como apoderado de Acciona, establecía las bases para explotar futuras oportunidades de negocio.

En el preámbulo del acuerdo, ambas partes exponían que «Servinabar es una empresa que goza de buena implantación en la Comunidad Foral de Navarra». Esta afirmación resulta sorprendente cuando la sociedad apenas contaba con doce jornadas de existencia legal. Los investigadores subrayan que la verdadera implantación de Servinabar podría residir en su estrecha vinculación con Santos Cerdán, quien formó parte del Parlamento Foral de Navarra entre 2014 y 2017.

El marco contractual contemplaba tres ámbitos de colaboración: promoción delegada, formación de UTEs y subcontratación de servicios especializados. Servinabar se comprometía a actuar como consultora especializada en Prevención de Riesgos Laborales, mientras Acciona operaría como contratista principal. A cambio de eso, la empresa de Cerdán lograba un 2% del total, lo que representó a la postre el 75% de sus ingresos totales en su trayectoria histórica.

La primera materialización de este acuerdo llegó con el proyecto Mina Muga. El 25 de noviembre de 2015 se constituyó la UTE Sangüesa/Zangoza Services entre Acciona y Servinabar para ejecutar trabajos subcontratados por la empresa de origen australiano Geoalcali. El objetivo era el diseño y posterior explotación de una mina de potasa en Navarra.

Durante el desarrollo del proyecto minero, Santos Cerdán mantuvo comunicación regular con Koldo García sobre los avances. Un contrato privado de compraventa fechado el 1 de junio de 2016 revela que Cerdán adquirió 1.350 participaciones de Servinabar, otorgándole el control del 45% de la sociedad. Esta operación se formalizó por 6.000 euros. Cerdán sostiene que, a pesar de la firma, el acuerdo no se elevó a escritura pública y no tiene validez.

Además, los investigadores de la UCO han localizado evidencias de que Antxón y Cerdán coordinaron contactos con autoridades marroquíes y navarras para facilitar aspectos administrativos del proyecto Mina Muga. Un diagrama manuscrito hallado en dispositivos de Koldo García detallaba una estrategia de contactos con cargos del PSOE aragonés para obtener una autorización del Ayuntamiento de Remolinos (Zaragoza).

Obras señaladas

Tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España, la relación Acciona-Servinabar experimentó un incremento significativo. Entre las adjudicaciones más destacadas figura la Autovía A-68 en el tramo Arrúbal-Navarrete (La Rioja). El 19 de diciembre de 2018, Acciona y Servinabar firmaron un Memorándum de Entendimiento para «trabajar conjuntamente» en esta licitación. El anexo presupuestario estimaba honorarios superiores a dos millones de euros para Servinabar.

La UTE Variante Logroño, formada por Acciona y Aquaterra Servicios Infraestructuras, resultó adjudicataria el 11 de septiembre de 2019 por 92,4 millones. El 22 de octubre de ese año, la UTE contrató a Servinabar por 2.028.267 euros para «gestión de seguridad y salud de obra», equivalente al 2,19% del total adjudicado. Por ahora no han aparecido los informes fruto de esos trabajos.

Similares patrones se observan en el Puente del Centenario de Sevilla y la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat. En ambos casos, Acciona y Servinabar suscribieron memorándums previos a las licitaciones, estableciendo que la empresa navarra percibiría el 2% de los cobros netos de Acciona.

El análisis bancario determina que al menos el 75,33% de los ingresos de Servinabar —unos 6,7 millones de euros entre 2015 y 2025— provienen de Acciona o UTEs participadas por la constructora. Este porcentaje constituye la principal fuente de financiación de la mercantil administrada por Antxón.

La investigación ha identificado transferencias desde Servinabar hacia el entorno familiar de Santos Cerdán. Su hermana Belén Cerdán recibió 22.324 euros entre febrero y junio de 2020. Posteriormente fue contratada por la cooperativa Erkolan, que percibió 367.290 euros de Servinabar entre julio de 2020 y mayo de 2025.

Francisca Muñoz Cano Paqui, esposa de Cerdán, ingresó 9.500 euros de la cooperativa Noran —cuya principal fuente de ingresos es Servinabar— entre marzo y julio de 2018. Su hermano Antonio Muñoz Cano –condenado por quemar una casa familiar– fue empleado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, percibiendo 53.130 euros.

Servinabar también asumió el arrendamiento de viviendas utilizadas por Cerdán en Madrid. Entre noviembre de 2017 y octubre de 2019 abonó 62.840 euros en alquileres, incluyendo 44.645 euros por el inmueble de la calle Hilarión Eslava. Adicionalmente, sufragó al menos 7.849 euros en mobiliario para dicha vivienda.

Los registros de una tarjeta de crédito de Servinabar muestran cargos durante desplazamientos vacacionales de Cerdán y su familia. El último uso documentado tuvo lugar el 19 de febrero de 2024, un día antes de las detenciones en la operación contra la trama de las mascarillas.

La Guardia Civil también ha registrado domicilios de Justo Vicente Pelegrini, quien ocupó la dirección de construcción de Acciona en España, Portugal y África. También se requieren registros en sedes de Acciona Construcción, las cooperativas Erkolan y Noran, así como información tributaria de los implicados. El informe concluye que existen «indicios racionales» de la comisión de distintos ilícitos penales y solicita medidas para el aseguramiento de pruebas documentales y digitales.