Indignación entre los abogados del ‘caso Erial’: “El fiscal está presionando a los imputados para pactar”

El juicio del conocido caso Erial está más cerca que nunca. Sin embargo, el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia por el que se procesó a Eduardo Zaplana, el pasado mes de junio, por los supuestos delitos de organización criminal, blanqueo y cohecho, entre otros, contempla más de una treintena de pruebas inexistentes o de dudosa veracidad y acusaciones que no quedan documentadas en el sumario. Fruto de ello, el fiscal Pablo Ponce –que ejerce la acusación en representación del Ministerio Público– está atemorizado. Las 20 personas a las que la juez manda al banquillo pueden ser absueltas y para evitarlo «está llamando a los abogados de los acusados para negociar un acuerdo antes de la vista oral», según cuentan fuentes judiciales a OKDIARIO.

El fiscal Ponce se ha puesto en contacto con al menos cuatro personas, entre ellas destaca la representación legal de Mitsouko Henríquez, la ex secretaria del ex presidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro Eduardo Zaplana, para proponerle un acuerdo antes de la celebración del juicio.

Además, explican a este periódico que la Fiscalía ha mandado un mensaje a través de la prensa valenciana donde se ha publicado que el ex número dos de Zaplana, Juan Francisco García, ya negocia con Anticorrupción la posibilidad de un pacto para lograr la rebaja de la pena. Y envía un aviso a navegantes: «Todo se puede resumir, y de hecho así ocurre, en entrar o no en la cárcel en caso de una condena», reza el texto del diario autonómico. «Esto parece una coacción para que los procesados se vean obligados a negociar con la Fiscalía», explican a OKDIARIO fuentes de la causa.

Pero, con un tono esperanzador, seguidamente el periodista valenciano añade en su artículo: «El tiempo para una conformidad se agota el mismo día que comienza el juicio. Así que todavía quedan meses por delante en caso de que finalmente se celebre la vista». Animando, de esta manera, al resto de los procesados a una posible negociación previa al juicio.

Esta postura de la Fiscalía, nada habitual en un Estado de Derecho, ha indignado a varios abogados de la causa que se plantean interponer una queja ante la Inspección Fiscal de dicho organismo. Y es que, las mismas fuentes, sopesan que el fiscal anticorrupción Ponce quizás esté barajando que su acusación pueda quedar en papel mojado.

Los flecos de la causa

En los 41 folios redactados por la magistrado María Isabel Rodríguez Guerola, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, no figura ninguna mención hacia los dos testigos estrella del procedimiento, cuyas declaraciones motivaron el ingreso en prisión del ex presidente de la Generalitat valenciana. Así mismo, sus testimonios sirvieron para mantener a Zaplana en prisión preventiva por riesgo de fuga cuando estaba siendo tratado oncológicamente, tras someterse a un trasplante de médula para combatir una leucemia.

Hay que recordar, como recoge el letrado de Zaplana en su escrito que la causa se inició «con motivo del ‘hallazgo’ de determinados documentos en poder del abogado de Marcos Benavent Vicedo», incautados por agentes de la UCO de la Guardia Civil en un registro en su despacho profesional, en mayo de 2015. Pero la incorporación del documento vehicular de la causa, conocido como «hoja de ruta», no se incorporó en las diligencias previas hasta 163 días después. Benavent mantuvo una versión entonces de los hechos de la que más tarde se retractó públicamente, Sin embargo, la juez rechazó su última declaración, sobre todo, porque beneficiaba al imputado más mediático del proceso.

La juez pasa también de puntillas sobre el tercer protagonista de las diligencias: el uruguayo Fernando Belhot, a quien acusa de ser el testaferro de Eduardo Zaplana. Su polémico testimonio apuntilló al ex ministro del Gobierno de José María Aznar y ex portavoz parlamentario del PP. El Juzgado y la Fiscalía, desde 2017, consideró a Belhot como imputado por un delito de blanqueo de dinero y así constaba en los documentos judiciales. Se le intervinieron sus teléfonos desde marzo de 2018 y la UCO solicitó su detención en Uruguay a efectos de extradición. Y todas esas investigaciones sobre los movimientos de sus capitales justificaron mantener el secreto de las actuaciones.

Tras un minucioso estudio del auto de procesamiento de la magistrado Rodríguez Guerola y el sumario del caso Erial, el periodista Manuel Cerdán descubrió una treintena de inexactitudes, errores y pruebas vacilantes que fueron publicadas en exclusiva en este periódico.