Los directores de Empleo no informaban al consejero de las ayudas que daban en el Caso ERE

Dos ex directores generales de la Consejería de Empleo, Fernando Toscano (Economía Social) y Esther Azorit (Seguridad Laboral), ha destacado hoy su «autonomía» para desarrollar los programas de su competencia y han asegurado que no informaban al consejero de «las ayudas concretas» que otorgaban a las empresas del Caso ERE.

Toscano y Azorit han testificado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Las ayudas investigadas en el caso ERE se enmarcaban en un programa gestionado por la Dirección General de Trabajo cuyos extitulares Javier Guerrero y Juan Márquez se sientan en el banquillo de los acusados junto a quienes fueron sus superiores, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el exviceconsejero Agustín Barberá, entre otros.

Toscano fue director general de Economía Social del 2000 al 2005, y coincidió en la consejería con Guerrero, mientras que Azorit fue directora general de Salud y Seguridad Laboral del 2004 al 2012, por lo que trabajó tanto con Guerrero como con Márquez.

Ambos -citados como testigos por las defensas de los exconsejeros Fernández y Viera- han destacado la «autonomía» de los directores generales en sus áreas tanto para desarrollar los programas de su competencia como para decidir qué instrumento usar para ello o elaborar y tramitar la normativa necesaria «independientemente de que la tuviese que firmar el consejero o el Consejo de Gobierno».

Los dos han señalado que en los consejos de dirección que reunían mensualmente a los diferentes altos cargos de la consejería cada uno informaba «con carácter general» de la evolución de sus programas pero «no se entraba al detalle».

Por ello, ambos conocían el programa de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que gestionaba la Dirección General de Trabajo e incluso que las mismas se pagaban a través de la agencia pública IDEA (antes IFA) pero «el detalle del procedimiento no» y «nunca» escucharon a los exdirectores generales de Trabajo Guerrero y Márquez informar en esas reuniones de ayudas concretas concedidas.

«Plena autonomía»

Ha insistido en que los directores generales tenían «plena autonomía» y trabajaban en un «ámbito de confianza» en el que ha asegurado que en su caso «nunca un consejero me ha pedido cuentas de ninguna ayuda que haya dado» ni «nunca recibió instrucción concreta para que resuelva un tema de una determinada manera ni he visto que se la dieran a otro director general», aunque sí interesarse por algún conflicto concreto.

En la sesión de hoy también ha testificado el consejero de la Cámara de Cuentas del 1996 al 2004 Francisco Javier Romero, quien ha defendido que considera que la revisión de las cuentas anuales de la Junta que realiza este órgano es «de suficiente nivel de calidad» como para detectar alguna irregularidad aunque «lógicamente algo se puede escapar».