Una directora del Gobierno de Revilla reconoce que hay “una trama brutal” en el reparto de ayudas a la dependencia
Un alto cargo de Revilla admite las irregularidades en los cursos de formación que investiga la UDEF
La directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Felisa Lois, admite en una grabación que existe “una trama brutal” en el reparto de ayudas, bienes y servicios a la dependencia en Cantabria. Esta trama, que desde hace meses está investigando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, está conformada por funcionarios y por altos cargos del Gobierno de Miguel Ángel Revilla.
En la grabación de un encuentro que acompaña la noticia, Lois acaba reconociendo que el dinero público que se destina a las ayudas a la dependencia fue gestionado de manera injusta mediante una lista de espera que en vez de darle prioridad a los solicitantes con las enfermedades más graves, las ayudas se otorgaban por orden de solicitud.
“¿Cómo se genera esa lista? Dice, por fecha de solicitud. Y digo, ¿cómo que por fecha de solicitud? Habrá personas que tengan una mayor necesidad, que su grado de dependencia haya sido desde un ictus a un accidente de coche. Y luego elementos que si se está aplicando en dependencia una serie de variables y de fórmulas en cuanto a copagos, ¿cómo es posible que aquí esto no se vea de la misma razón?”, se pregunta la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).
De la misma manera, Lois admite que este modus operandi se llevó a cabo mediante un “entramado brutal” en el que están implicados numerosos funcionarios, para que sólo los ciudadanos que tuvieran un amigo médico del Sistema Nacional de Salud pudieran acceder de una manera más rápida y sin esperas a las distintas subvenciones que emite el Gobierno que preside Miguel Ángel Revilla.
“Aquí cada ciudadano tenemos una tarjeta sanitaria por la que se nos da los tratamientos, accedemos a la historia, y cómo es posible que el médico del ciudadano solicitante no tenga conocimiento y cualquiera, un amigo. O sea, un entramado brutal para entregar útiles de aquellas maneras sin tener ni prioridades por la patología del ciudadano, ni por su capacidad económica, ni nada. Así que de aplausos”, asegura Lois.
Sin prioridad para los más perjudicados
Con todo y con eso, la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) aclaró que en ningún momento la administración pública cántabra tuvo prioridad por las personas que peor lo estaban pasando y que menos recursos económicos tenían, ya que no se hacía distinción entre éstas y un ciudadano que viviera en la calle más adinerada de Santander.
“No es lo mismo la persona que está recibiendo una renta social, que se sobreentiende que no tiene apenas dinero propio y que precisa que la administración le apoye para su subsistencia, que el señor que vive en Pérez Galdós y que tiene patrimonio X. Pues no, el único requisito era la firma de un médico del Sistema Nacional de Salud”, dice la directora del Servicio Cántabro de Servicios Sociales.
Tal y como publicó ayer OKDIARIO, Felisa Lois también admitió en otra cinta que era consciente de que se perjudicó de forma injusta a varias academias de formación mediante la retirada del certificado de accesibilidad a varias empresas. Varios responsables de las academias que imparten los cursos han denunciado que se les han denegado las ayudas y los certificados de accesibilidad por negarse a pagar mordidas a determinados funcionarios, que desde hace meses ya investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
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