Dimiten tres miembros del Instituto Catalán de Finanzas para no aprobar los avales del ‘procés’

Tres miembros de la junta del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) dimitieron el lunes, antes de que la entidad financiera pública de la Generalitat aprobara el miércoles cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a ex cargos del Govern, ha explicado la Consejería de Economía.

Así, Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger dejaron el cargo antes de que el ICF sometiera a votación si activar el mecanismo previsto en el decreto de creación del Fondo Complementario de Riesgos para que el ICF presentara el aval, con el contraaval del fondo de 10 millones de euros aprobado por el Govern la semana pasada para este tipo de casos.

Los tres eran miembros independientes de la junta que tenían el mandato agotado desde el 1 de julio, pero continuaban siendo miembros a la espera de renovación, en la que «se está trabajando desde hace algunas semanas».

La junta del ICF estaba formada por 11 miembros, 6 de ellos independientes, cinco nombrados por el Govern, y la renovación de estos cinco aún está pendiente.

El miércoles a medianoche acababa el plazo inicialmente fijado por el tribunal para presentar las fianzas impuestas a 34 ex altos cargos por la acción exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2017, y esa misma tarde, la Junta de Govern del ICF aprobó cubrir las fianzas.

El jueves, 29 de los 34 afectados presentaron al tribunal el aval del ICF, con un aval individual para cada uno y una cantidad total de cerca de 5,4 millones de euros, y otros cuatro encausados ya habían presentado avales por su cuenta.

A raíz de esta fórmula para presentar los avales, el líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha presentado una denuncia ante Fiscalía contra la junta del ICF y contra el Govern como «cooperador necesario» al crear el Fondo Complementario de Riesgos.

Sin aval bancario

En un principio la Generalitat había aprobado la creación de este fondo con la idea de que una entidad bancaria presentara el aval y la Generalitat, a través del fondo de 10 millones de euros, hiciera de contraaval a dicha entidad bancaria.

El decreto para la creación del fondo preveía que, en caso de no encontrar a ninguna entidad que avalara a los afectados, el ICF los avalaría directamente y el fondo de la Generalitat le haría de contraaval.

Tras constatar el martes que no había ninguna entidad bancaria dispuesta a avalar a los afectados, el consejero de Economía, Jaume Giró, anunció que descartaba hacer la gestión directamente a través del ICF para no poner en riesgo a sus trabajadores.

Sin embargo, el miércoles, el mismo Giró explicó que trabajadores del ICF le habían llamado para explicarle que estaban dispuestos a tirar adelante con la idea inicial y expedir los avales, y anunció que finalmente el ICF sí expediría los avales con el contraaval del fondo de la Generalitat.