Delgado filtró la propuesta de Marchena, que condenó a Garzón, para torpedear el visto bueno de Robles

Dolores Delgado, ministra de Justicia, desveló la elección del magistrado Manuel Marchena como candidato de consenso entre socialistas y populares, a propuesta de estos últimos, para ocupar la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo. El objetivo: boicotear su elección efectiva tras el visto bueno al elegido de Margarita Robles, durante años magistrada del Tribunal Supremo, vocal del CGPJ y hoy ministra de Defensa.

Rafael Catalá, como interlocutor del PP, y Dolores Delgado, como responsable del PSOE, han dedicado varias semanas a negociar la renovación y composición del máximo órgano de gobierno de la judicatura. Mientras los socialistas apostaban por una mujer para el puesto, los populares insistieron desde un primer momento en la figura de Marchena, aunque nunca reconocieron tal extremo de manera expresa y oficial.

La renuncia de Marchena este martes llegaba tras las intensas críticas dirigidas a ambas formaciones por el evidente reparto del órgano de gobierno de los jueces. A los nombres de los veinte vocales del Consejo -tras el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE- se sumaba el del presidente, sin que se hubiesen respetado los trámites previstos para su designación.

Fuentes consultadas por OKDIARIO confirman que tras dicha filtración se encontraría la propia ministra de Justicia. Delgado buscaba frustrar la elección efectiva de Marchena tras conocer que éste contaba con el beneplácito de Margarita Robles, con la que Delgado no mantiene una buena relación tras los años de convivencia entre ambas en la carrera judicial.

Además, Marchena integró el tribunal que en 2012 dictó la sentencia condenatoria por las escuchas ilegales de la trama ‘Gürtel’ que supuso 11 años de inhabilitación para el juez Baltasar Garzón, amigo personal de Delgado. La Sala Penal del Supremo fallaba, por unanimidad de todos los miembros de la Sala -Joaquín Giménez (presidente), Miguel Colmenero (ponente), Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y el propio Manuel Marchena- condenar por un delito de prevaricación a Garzón por vulnerar, a sabiendas, el derecho fundamental de defensa de los imputados en dicho caso.

Las discrepancias internas del Ejecutivo socialista han quedado por lo tanto en evidencia a raíz de la decisión del magistrado.

Las mismas fuentes manifiestan que si bien el detonante que ha precipitado la renuncia de Marchena era la publicación el domingo de varios mensajes de whatsapp enviados por el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus 146 compañeros en la Cámara Alta donde se jactaba de que «controlarían desde atrás» la Sala 2ª del Tribunal Supremo -encargada de juzgar a los políticos catalanes acusados como presuntos autores de sendos delitos de rebelión y sedición en Cataluña-, el magistrado ya no se encontraba cómodo con la exposición pública de su perfil desde finales de la semana pasada.

Consecuencias políticas

La renuncia de Marchena a presidir el CGPJ ha provocado un cambio sustancial en el escenario judicial que tendrá consecuencias políticas.

Además de dilatar la renovación del CGPJ, la decisión confirmada por el propio Marchena hará que el magistrado continúe al frente de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Dicha sala será la encargada de conformar el tribunal, presidido por él mismo, que juzgará la causa del ‘procés’ de Cataluña. Marchena será, también, el redactor de la sentencia.

El cambio de guión no ha gustado a los partidos independentistas. Han vuelto a advertir a Sánchez -como ya hizo Pablo Iglesias, líder de Podemos- su evidente falta de apoyos en materia presupuestaria lo que, unido a la crisis provocada en el seno de la judicatura, podría afectar a la fecha de convocatoria de las próximas elecciones generales.