La defensa de Julio Iglesias denuncia que se oculte la identidad de las denunciantes: «Eso es causa de indefensión»

• Luis Balcarce @lbalcarce
• Vicedirector de OKDIARIO.
• • 19/01/2026 16:28
  • Actualizado: 19/01/2026 16:31

La defensa de Julio Iglesias prepara su estrategia jurídica contra la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y uno de sus ejes centrales será cuestionar el anonimato otorgado a las denunciantes y su condición de testigos protegidos. Los abogados del cantante argumentarán que esta protección carece de justificación legal y vulnera el derecho de defensa del artista. Además de cuestionar el anonimato de las denunciantes, la defensa de Julio Iglesias argumentará que la Audiencia Nacional carece de competencia territorial para investigar este caso.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española tomará declaración a las dos mujeres que denunciaron a Julio Iglesias por acoso y agresión sexual, según informó este pasado miércoles el equipo legal de la organización Women’s Link, que las representa y, que celebró, que el Ministerio Público haya aceptado que las comparecencias se realicen bajo la condición de testigos protegidos.

El letrado José Antonio Choclán, abogado de Julio Iglesias, pide al Ministerio Fiscal que le tenga por personado en las diligencias de investigación al tiempo que solicita que se dé carpetazo a las mismas por «la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos».

La representación del cantante insta a la Fiscalía a «detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha con grave daño reputacional» en su contra. En su escrito, el letrado sostiene que, «al margen de la condición de nacional español» de Iglesias, éste «no se encuentra en territorio español, sino que tiene su residencia habitual en el lugar de los hechos». Además, apunta que «las supuestas víctimas no tienen la nacionalidad española ni residen habitualmente en España» y que «tampoco son menores de edad».

Las dos ex trabajadoras que presentaron la denuncia —una fisioterapeuta y una empleada del servicio doméstico— ya no trabajan para el cantante desde 2021. No existe relación laboral ni dependencia económica. «Ambas residen fuera de España y han dado entrevistas a medios de comunicación narrando públicamente sus acusaciones. ¿Qué riesgo justifica entonces el anonimato?», se preguntan estas mismas fuentes.

«Para defenderse eficazmente, el acusado debe conocer con precisión quién le acusa, de qué se le acusa exactamente, y poder contrastar la credibilidad de los testigos», señalan estas fuentes. «No podrá invocarse la necesidad de la reserva de la información en protección de una supuesta víctima que ha participado voluntariamente en la difusión pública de la denuncia», afirma en referencia a las publicaciones de elDiario.es y Univisión.

El anonimato de las denunciantes impide a la defensa de Julio Iglesias investigar aspectos cruciales para el caso: posibles motivaciones económicas, relaciones con terceros interesados en dañar la imagen del cantante, contradicciones en sus relatos previos, o incluso la existencia de comunicaciones posteriores —como los mensajes de WhatsApp ahora conocidos— que desacrediten sus testimonios.

La defensa de Iglesias considera que el uso de la figura del testigo protegido responde más a una estrategia mediática que a una necesidad jurídica real. Al presentarse como víctimas necesitadas de protección especial, las denunciantes generan una narrativa que presupone su credibilidad antes incluso de que se investiguen los hechos.

«Se está construyendo un relato en el que Julio Iglesias aparece como un poderoso agresor del que hay que proteger a las víctimas, cuando en realidad estamos ante acusaciones no probadas presentadas por personas que han hablado públicamente con los medios», señalan fuentes cercanas a la defensa.