C’s defenderá en el Congreso su ley para que los funcionarios no estén obligados a conocer la lengua cooficial

Ciudadanos defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley en la que plantea que el conocimiento de las lenguas cooficiales en aquellas comunidades autónomas donde existe otra lengua aparte del castellano no sea un requisito exigible a quienes aspiren a un empleo público, sino que se considere simplemente como un mérito.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en la Cámara Baja el presidente de Cs, Albert Rivera, que ha afirmado que en comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Baleares, los gobiernos autonómicos han establecido «barreras lingüísticas para discriminar a los funcionarios» y eso ha generado una «problemática preocupante». Como ejemplo ha mencionado que en Baleares se han quedado vacantes algunos puestos en la sanidad pública porque no quienes querían ocuparlos no pudieron acreditar un nivel suficiente de catalán.

En su opinión, los aspirantes a puestos públicos «tienen que tener derecho a trabajar en cualquier lugar de España», y por eso Ciudadanos reclama que el conocimiento de las lenguas cooficiales sea «un mérito pero nunca una barrera». «Tenemos que primar el servicio público frente a las identidades y primar a los ciudadanos frente a las cuestiones territoriales», ha subrayado.

La proposición de ley que se debatirá en el Pleno del Congreso busca modificar la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de que «todos los españoles puedan disfrutar del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas», eliminando para ello la «discriminación por razones lingüísticas».

Contra la dictadura lingüística

En este sentido, la ley establecería que a la hora de seleccionar empleados públicos en las comunidades autónomas, «el conocimiento de la lengua cooficial solo podrá ser considerado como un mérito a valorar, en el contexto de la realidad social de su efectivo desempeño, de manera proporcional a su necesidad y adecuación en atención al tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar».

Además, Ciudadanos quiere que se considere «discriminatorio» exigir el conocimiento de la lengua cooficial como un requisito para el acceso o la promoción en el empleo público, así como hacer una «valoración desproporcionada» de ese conocimiento como un mérito. A su modo de ver, la importancia del mérito «se habrá de establecer en función de la naturaleza del puesto o empleo de que se trate».

Por último, la formación naranja argumenta que la situación actual «no justifica la discriminación positiva», ya que en algunas comunidades el conocimiento y la utilización de la lengua cooficial alcanza al 90% de la población, de manera que «el objetivo de la denominada normalización se ha alcanzado».