Crespo asegura en el Congreso que el PP financiaba en negro el 75% de las campañas
El 'número 2' de la trama Gürtel asegura que todos los secretarios generales del partido conocían los papeles de Bárcenas
Pablo Crespo ha evitado citar a Mariano Rajoy aunque sí ha dado a entender que como secretario general tenía que conocer lo que pasaba
El ex secretario de Organización del PP gallego y ‘número dos’ de la trama ‘Gürtel’, Pablo Crespo, ha ratificado este martes ante la comisión del Congreso que investiga las cuentas del PP que todos los secretarios generales del partido conocían los ‘papeles de Bárcenas’, que el 75% del dinero que se utilizaba para las campañas electorales en Galicia era negro y que él mismo repartió «sobresueldos» ilegales a responsables del partido en esa comunidad y también a periodistas.
Asegura que conocían los ‘papeles’
Así lo ha señalado durante el interrogatorio al que le ha sometido la diputada del PSOE Soraya Rodríguez, quien le ha preguntado sobre algunas de las declaraciones que ha venido haciendo en los últimos años el compareciente sobre la financiación del PP.
Crespo fue secretario de Organización y responsable de las campañas electorales del PP Gallego entre 1996 y 1999 y desde 2002 gestionó las empresas del cabecilla de la ‘Gürtel’, Francisco Correa. Según ha explicado, se lo presentaron como el proveedor «de referencia» del partido a nivel nacional para las campañas electorales.
Comisión parlamentaria
El compareciente, que ha sido condenado en dos piezas relacionadas con la trama ‘Gürtel’, ha evitado señalar expresamente que el ex presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy conociera que el partido se financiaba de forma ilegal, pero sí ha dado a entender que, como secretario general del partido que fue en su momento, sí debió conocer de manera «global» y «troncal» cómo funcionaban las cuentas del PP.
La comisión de control sobre la financiación del PP lleva ya varios meses reuniendo los testimonios de los pesos pesados del Partido Popular en las cuatro últimas décadas. Contrastan las opiniones de los condenados con las de los políticos en activo, mientras los unos señalan las irregularidades los otros las desmienten indicando que forman parte de su estrategia de defensa.
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