El Constitucional cuela en un fallo contra Ayuso el «derecho a una vivienda digna» de los inmigrantes

• Esther Jaén
• Corresponsal política en OKDIARIO. Colaboradora y analista política en radio y televisiones. Te leo en esther.jaen@okdiario.com
• • 03/03/2026 05:42
  • Actualizado: 03/03/2026 05:42

El Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido  ha avalado, en su fallo contra el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el «derecho constitucional a una vivienda digna» de la población inmigrante, al dar por buena el cambio de la palabra «españoles», en la Constitución española, por la de «ciudadanos», en la Ley de Vivienda.

Si bien la Constitución Española establece en su artículo 47 que «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda,  aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, introduce un cambio  en su artículo 8.a y sustituye la palabra «españoles» recogida en la Carta Magna  por el término «ciudadanos».

De este modo, se extiende el derecho a todos aquellos ciudadanos no españoles residentes en nuestro país, un hecho que el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad de Madrid subrayaba, advirtiendo, además, que se estaba incurriendo en un «exceso competencial».

El fallo, que ha desestimado recientemente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, salió adelante con los votos de la mayoría afín a las posiciones de Cándido Conde-Pumpido y a las del Gobierno de Sánchez.

Los magistrados de la minoría, que votaron en contra, reflejaron en los tres votos particulares presentados este hecho. Así, tanto el magistrado César Tolosa, como Ricardo Enríquez, reflejan esta cuestión en sus respectivos votos particulares. También el magistrado Enrique Arnaldo, lo recoge en su voto particular, que suscriben los magistrados Concepción Espejel y José María Macías.

De acuerdo con los últimos datos poblacionales, que datan de 2025, los inmigrantes en España rondan el 20%. El 14,1% de este grupo, alrededor de 6,9 millones de personas no tienen la nacionalidad española. A esas cifras habrá que agregar el medio millón de inmigrantes que el Ejecutivo tienen previsto regularizar, además de los que puedan sumarse, posteriormente, gracias a la aplicación del arraigo y reagrupamiento familiar, que podrían llegar hasta 800.000 personas, según otras fuentes.

Sin embargo, todos ellos, de acuerdo con los juristas consultados, pueden beneficiarse de ese derecho constitucional gracias al reciente fallo del Tribunal Constitucional, que da por bueno el cambio de registro entre «españoles» y «ciudadanos» residentes en territorio español.