El Consorcio del Palau de la Música carga contra la tesis del fiscal y no se une para acusar a CDC

El abogado del Consorcio del Palau de la Música ha cargado hoy contra la rebaja de pena que la Fiscalía aplica a los ex responsables de la entidad por delatar a CDC, sin adherirse en sus informes finales a las conclusiones del ministerio público para acusar a la formación de lucrarse a través del saqueo.

La sala de la Audiencia de Barcelona impidió el pasado viernes que el Consorcio del Palau de la Música modificara sus conclusiones finales del juicio por el expolio, después del cambio de postura de la entidad favorable a acusar a CDC, por encontrarse fuera de plazo.

Precisamente, la Fiscalía, junto a la mayoría de defensas, se había opuesto a que la sala admitiera el nuevo escrito del Consorcio acusando a CDC, pero abrió la puerta a que se adhiriera a sus conclusiones en el trámite de informes, lo que el abogado de la entidad, Francesc Claverol, no ha hecho hoy.

En una reunión extraordinaria forzada por el Ayuntamiento de Barcelona, el Consorcio del Palau de la Música -integrado además por la Generalitat y el Ministerio de Cultura- acordó el pasado 23 de mayo que la entidad se adhiriera a la Fiscalía para acusar a CDC, pero la Audiencia no le permitió modificar su escrito argumentando que estaba fuera de plazo, dado que el trámite de conclusiones ya había finalizado y ello podría provocar la nulidad del juicio.

El letrado del Consorcio, que pertenece al gabinete jurídico de la Generalitat dependiente de Presidencia, se ha referido hoy a esa reunión para proclamar posteriormente que la entidad «tiene personalidad jurídica propia», independiente de las administraciones que la componen y que su obligación es hacer «una defensa técnica del Consorcio, no de las personas ni de las instituciones».

«Pido disculpas a la sala por decir algo tan obvio, pero tengo que hacerlo», ha sostenido Francesc Claverol, que ha justificado por qué el 17 de mayo, día previsto para que las acusaciones elevaran a definitivas sus conclusiones, no pidiera la suspensión del juicio hasta la nueva reunión del Consorcio, pese a que así lo solicitó el Ayuntamiento de Barcelona.

Según Claverol, ese día no pidió la suspensión del juicio porque no recibió una instrucción que contradijera la que tenía de no acusar a CDC del expolio y teniendo en cuenta que el Consorcio tiene «personalidad pública propia, separada de otras entidades y de otras personas e instituciones que la integran, por mucho que sean representadas en sus órganos directivos».

«Reiteradamente el Consorcio me confirmó que se mantenían las instrucciones», ha insistido el letrado, que ha recordado que la reunión extraordinaria de la entidad se convocó el pasado 23 de mayo, pese a las «advertencias» de que había finalizado el plazo para elevar a definitivas las conclusiones del juicio.

Hechas esas consideraciones, el abogado ha centrado sus informes finales en arremeter contra las conclusiones de la Fiscalía en cuanto a la rebaja de la condena que ha aplicado a los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet, Jordi Montull y la hija de este Gemma.

Especialmente, el letrado ha cargado contra la tesis de las conclusiones finales de la Fiscalía de que Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau, desempeñaba un papel secundario en la trama del expolio de la institución y de que se le aplique la atenuante de confesión por incriminar a CDC en el cobro de comisiones de la constructora Ferrovial a través de la entidad.

«Lo que hizo Gemma Montull no fue una confesión, sino una exculpación», ha añadido el letrado, que cree que la exdirectora financiera «intentó exonerarse de toda culpa».

Para el letrado, tampoco concurre en el caso la atenuante analógica de reparación del daño, dado que este tendría que ser «de gran intensidad» para que comporte una rebaja de la pena, ni las dilaciones indebidas por la demora en la instrucción del caso.

El Consorcio del Palau de la Música, acusación particular en la causa por el expolio de la entidad cultural, pide una condena de 21 años de prisión y 3,6 millones de euros de indemnización para el exresponsable de la entidad Fèlix Millet, su mano derecha Jordi Montull y su hija Gemma.

La Fiscalía, aplicándole varias atenuantes, solicita finalmente 14 años y nueve meses para Millet, 10 años y diez meses para Montull y tres años -uno de ellos sustituible por multa- para Gemma Montull.