La cloaca del PSOE también presentó contra Biedma decenas de querellas, recusaciones y denuncias hasta en la UE

La operación de descrédito por tierra, mar y aire contra los jueces de Badajoz que ha revelado OKDIARIO no se ha limitado a fotografiar a magistrados tomando café. El autor del escrito que daba cuenta de ello, Javier Saavedra, y su abogada, Sara Moreno, condujeron a un infierno a la juez Beatriz Biedma, instructora del caso David Sánchez, y a otros jueces de su localidad.

La han denunciado ante nueve organismos, entre ellos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo (Francia). Lo han hecho pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ya ha sancionado a Saavedra por querellarse de forma sistemática contra jueces y fiscales.

La denuncia, fechada el 11 de febrero de 2026, atribuye a la magistrada cuatro delitos: retardo malicioso, desobediencia, impedimento del ejercicio de derechos fundamentales y omisión del deber de perseguir delitos.

Todo ello por simplemente firmar un escrito judicial en el marco de sus competencias. El argumento central es una providencia firmada el 22 de enero de 2026 en una causa en la que Biedma se había abstenido.

El escrito no oculta a quién apunta. Se refiere a Biedma como la decana de los juzgados de Badajoz, «esa que ha imputado al hermano del presidente del Gobierno de España».

Las cloacas del PSOE

Como ha publicado OKDIARIO, Santos Cerdán encargó a Leire Díez atajar las causas judiciales que afectaban al PSOE y al presidente del Gobierno. Para ello, la colaboradora socialista contactó con personas que habían tenido problemas con la justicia en Badajoz.

Una de ellas ha enviado numerosos correos a juzgados, organismos públicos y medios con fotografías de magistrados en una cafetería durante un descanso de su jornada laboral. Aparecen Emilio García-Cancho, María Félix Tena y Domingo Bujalance, todos de la cúpula judicial de Badajoz.

Esas imágenes figuran en el mismo escrito que denuncia a Biedma. En él se asegura que «es habitual ver a los miembros de la judicatura en Extremadura en fiestas y reuniones privadas».

La ofensiva ha tenido otros frentes. El ex juez Luis Sáenz de Tejada, que compartía un grupo de WhatsApp con Leire Díez, ha dedicado –como adelantó OKDIARIO en junio– más de 28 horas en su canal de YouTube a difamar a la instructora y ha intentado personarse en la causa para apartarla.

Aun este jueves, tras la declaración de Biedma ante Pedraz, ha publicado otro vídeo más, de 23 minutos, para meterse con la juez, con lo que ya supera los 100 vídeos y las 30 horas de presunta difamación.

Querellas contra jueces

La recusación y la denuncia contra Biedma son solo el último capítulo. El propio Saavedra reconoce en su escrito que el TSJ de Extremadura le ha impuesto dos multas de 5.000 euros por mala fe procesal, ambas en noviembre de 2024.

Los autos describen un patrón. La Sala de lo Civil y Penal constata que el querellante «ha presentado ante este mismo Tribunal varias querellas contra los titulares de todos los órganos judiciales de la ciudad de Badajoz que han tenido alguna intervención profesional en las causas en las que es parte».

La lista empieza por tres querellas contra el magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer y sigue con las magistradas de Instrucción 1 y 4 y tres magistrados de la Audiencia Provincial. Se completa con la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, el fiscal superior de Extremadura y otro fiscal, además de una denuncia contra el secretario de gobierno del TSJ.

La querella sancionada se dirigió contra un fiscal de Badajoz, al que se imputaron, entre otros, retardo malicioso y omisión del deber de perseguir delitos. Son los mismos dos tipos penales que se atribuyen ahora a Biedma. El tribunal los consideró «carentes del más mínimo fundamento y sin base objetiva alguna».

El auto añade que «junto a las querellas, el querellante ha presentado recusaciones carentes del más mínimo fundamento, aclaraciones, subsanaciones e incidentes de nulidad». La Sala aprecia en todo ello «una escalada creciente de imputaciones».

La resolución también señala a la abogada. Describe «un esencial y fraudulento componente que intenta aparentar juridicidad, necesariamente aportado por la letrada que firma todas las querellas». Por ello ha dado traslado de su actuación a los colegios de abogados de Cáceres y de Sevilla.

Saavedra ofrece la versión opuesta. Él atribuye todo a una «junta ilegal» de jueces celebrada el 22 de marzo de 2023 y sostiene que las multas del TSJ buscan «estrangular y amedrentar al ciudadano».

Su escrito incluye además capturas de redes sociales privadas de una hermana de la juez, abogada en Córdoba.

La ley ya ha puesto precio a esta contumacia. La Ley de Enjuiciamiento Civil prevé «una multa que podrá oscilar de 180 a 6.000 euros» por cada actuación de mala fe. En Badajoz, los jueces ya saben que hasta el café de media mañana puede acabar como prueba ante el Tribunal de Estrasburgo.